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¿HASTA CUÁNDO NOS GOBIERNAN LAS MINORÍAS?

¿Debemos respetar los derechos de las minorías? Por supuesto. ¿Deben ser tratadas con absoluta igualdad? También. ¿Son tan ecuatorianas y ciudadanas como las mayorías? Claro que sí.

Sin embargo, en una democracia hay que tomar decisiones y eso solo es posible, en último término, de tres maneras: por unanimidad, por minoría o por mayoría. La unanimidad es un ideal imposible: si hiciera falta que todos estemos de acuerdo, jamás decidiríamos nada. En el extremo contrario, elegir por minoría es absurdo: no puede calificarse como gobierno del pueblo aquel donde mandan los menos sobre los más. Por tanto, en un mundo real donde lo bueno es enemigo de lo perfecto, lo único razonable es el gobierno de la voluntad de la mayor cantidad posible de ciudadanos.

No obstante, en la mayor parte del Ecuador, en cierto aspecto, hoy sucede lo contrario: gobierna la minoría.

No me refiero a debates de política nacional, derechos humanos o ideologías. Me refiero a una cuestión meramente matemática que afecta el nivel de gestión pública más cercano a cada familia y ciudadano. Me refiero a los gobiernos locales.

La paradoja de las mayorías ausentes

En efecto, en la última elección seccional de 2023, en las tres ciudades con más electores del Ecuador, los alcaldes ganaron con menos de la mitad de los votos: Aquiles Álvarez ganó en Guayaquil con 40%, Pabel Muñoz en Quito con 25%, Cristian Zamora en Cuenca con 19%. Y en las cinco provincias con más electores del Ecuador, donde en conjunto vivimos dos tercios de los ecuatorianos, ningún prefecto electo llegó a la mitad de los votos: Marcela Aguiñaga obtuvo 34% en Guayas, Paola Pabón 28% en Pichincha, Leonardo Orlando 43% en Manabí, Johnny Terán 38% en Los Ríos, Juan Cristóbal Lloret 20% en Azuay.

Por tanto, vivimos en un país donde las autoridades gobiernan ciudades y provincias sin claras mayorías.

Por supuesto, eso no significa que los alcaldes y prefectos citados no hayan alcanzado válidamente sus cargos. Ganaron las elecciones. El problema no está en ellos. El problema está en el sistema electoral de los gobiernos locales o “GADs”, acrónimo oficial de “Gobiernos Autónomos Descentralizados”.

Pero ¿Es realmente esto un problema? Podría argumentarse que en muchos países hasta los presidentes son electos por minorías. En los Estados Unidos, por ejemplo, es posible ganar la mayoría del Colegio Electoral, pero tener minoría en la población como tal. En México o Panamá no hay segunda vuelta presidencial y, por tanto, el presidente puede ganar obteniendo la primera minoría, pero sin la mitad más uno de los votos (es el sistema electoral de pluralidad). No obstante, vivimos en una región, y en un mundo, donde la democracia está en problemas. Según el Informe Latinobarómetro 2024, apenas la mitad de los latinoamericanos apoyamos la democracia como forma de gobierno y la cuestión resulta indiferente a un cuarto de los latinoamericanos. Ante ello, la solución no puede ser alejar aún más a la gente de lo público, sino buscar mecanismos para acercar a las mayorías a las decisiones del poder a fin de que sientan que su participación vale la pena y su voluntad impacta en la realidad social. (Corporación Latinobarómetro, 2024)

Una democracia cada vez más fragmentada

También es cierto que el sistema electoral, por sí solo, no impide que un alcalde o prefecto logre mayoría. En los mismos ejemplos antes citados, hemos visto casos muy disímiles: no es lo mismo ganar con votaciones cercanas al 40% en Manabí o Los Ríos, que con alrededor del 20% en Cuenca y Azuay. También es verdad que, en el mismo año 2023, Wilson Erazo se reeligió como Alcalde de Santo Domingo con más del 60%. Y con el mismo sistema electoral, Jaime Nebot ganó siempre con amplia mayoría del voto guayaquileño, y Mauricio Rodas ganó la Alcaldía de Quito con 59% en el 2014.

Sin embargo, las excepciones no hacen la regla y los buenos sistemas son aquellos que no dependen del talento electoral de ciertos candidatos, sino los que garantizan que la democracia funcione con actores más o menos eficaces, más o menos populares.

Gobernar sin respaldo suficiente

Tener alcaldes y prefectos electos por minorías no es una situación ideal, cuando hay mucha dispersión de candidatos y los porcentajes de votación llegan a ser muy bajos. Un caso extremo en la última elección ocurrió en el Austro. Tener un prefecto de Azuay y un alcalde de Cuenca electos con apenas el 20%, es decir, con el voto de solo uno de cada cinco electores, es un desafío de gobernabilidad. Algo similar ocurrió en la prefectura de Cañar y la alcaldía de Azogues, cuyos mandatarios obtuvieron alrededor de un tercio de la votación.

De nuevo, con ello no pretendo cuestionar la validez de su elección, pero imaginemos los problemas que luego surgen en un concejo municipal, que legisla en la ciudad: ¿Cómo logra gobernabilidad un alcalde que apenas tuvo un tercio o quinto de los votos y no está ni cerca de tener mayoría de concejales? Algunos políticos muy talentosos sortean el obstáculo y logran amplios consensos. Otros, con menos talento y menos escrúpulos, compran mayorías. Ninguno de los dos casos sirve como base para forjar políticas públicas estables, que no deben depender ni de talentos excepcionales ni de maniobras corruptas. En definitiva, cuando las mayorías no han sido claras en las urnas, se terminan tejiendo día a día, a veces con métodos oscuros.

Una posible solución, al menos para garantizar la gobernabilidad, sería que la gente elija a los concejales y estos elijan a los alcaldes, replicando luego el método a nivel provincial. Es lo que ocurría en el Ecuador hasta entrado el siglo XX, cuando al alcalde por ello se lo llamaba “presidente del concejo”, una suerte de parlamentarismo local. Es el sistema que hoy se sigue usando para las juntas parroquiales, cuyos vocales eligen a su presidente. Pero entiendo que esta idea podría generar resistencias en un país ya habituado por décadas a elegir directamente al ejecutivo nacional, provincial y municipal.

Una posible solución, al menos para garantizar la gobernabilidad, sería que la gente elija a los concejales y estos elijan a los alcaldes, replicando luego el método a nivel provincial. Es lo que ocurría en el Ecuador hasta entrado el siglo XX, cuando al alcalde por ello se lo llamaba “presidente del concejo”, una suerte de parlamentarismo local. Es el sistema que hoy se sigue usando para las juntas parroquiales, cuyos vocales eligen a su presidente. Pero entiendo que esta idea podría generar resistencias en un país ya habituado por décadas a elegir directamente al ejecutivo nacional, provincial y municipal.

¿Qué hacer entonces?

Una solución, bastante sencilla, es utilizar a nivel local el mecanismo con el que hemos resuelto el mismo problema a nivel nacional: votar en segunda vuelta. En Ecuador no tenemos presidentes electos por minoría porque, cuando nadie alcanza más de la mitad de los votos (o el 40% con 10% de diferencia sobre el siguiente candidato), tenemos una segunda vuelta en la que, inevitablemente, uno tendrá mayoría absoluta, aunque sea por una décima.

¿Por qué no hacemos en provincias y municipios lo que ya funciona a nivel nacional? Sí, implicaría una elección adicional, pero solamente en aquellos casos en los que no haya mayoría clara, como ocurre en Francia. También podríamos debatir si se gana en una vuelta con 40%, como ocurre ya en nuestras presidenciales (siempre que haya 10% de diferencia) y como sucede en las elecciones regionales de Chile. Y podríamos limitar esta segunda vuelta a gobiernos locales con grandes poblaciones, como hacen en Brasil, donde la vara mínima son 200 mil habitantes. En tal caso, la discusión se reduciría a determinar porcentajes o poblaciones, lo que puede resolverse con facilidad.

La fragmentación como problema estructural

Otra cuestión que abona a la división electoral es que tenemos demasiadas organizaciones políticas. En Ecuador es frecuente escuchar la queja de que tenemos demasiados partidos y movimientos. Menos frecuente es analizar dónde está el problema. Según el Mapa Electoral de Participación Ciudadana, en Ecuador tenemos 233 organizaciones políticas, de las cuales 216 son provinciales, cantonales y parroquiales (Corporación Participación Ciudadana, 2025). Es decir, 9 de cada 10 organizaciones políticas en Ecuador son locales. Y ellas pueden postular candidatos a alcaldes y prefectos, usualmente en alianzas con organizaciones nacionales, para empeorar una fragmentación extrema que alarga nuestras papeletas, confunde a nuestros electores y perjudica nuestra democracia.

En definitiva, en noviembre de este 2026 iremos a las urnas para votar por alcaldes y prefectos. Es altamente probable que, con el mismo sistema, una vez más vuelvan a gobernar las minorías. En nosotros está abrir un amplio debate nacional para que esta sea la última vez, porque la democracia no se agota con elecciones legales, sino con gobiernos que tengan legitimidad suficiente para representar a sus ciudadanos.

NOTA DEL AUTOR:Los porcentajes de resultados electorales han sido redondeados para facilitar la lectura.