Pues así como el ser humano, cuando
alcanza su perfección es el mejor de los
animales, así también, fuera de la ley y la
justicia es el peor de todos.
Aristóteles
La intención que subyace al Estado de Derecho, es la de guiar, controlar y limitar el ejercicio del poder público a través de normas de carácter general. Que en ese Estado el ordenamiento jurídico conforme un sistema claro y conocido por los ciudadanos, para que, el poder se encuentre limitado por normas y no por personas, y que las personas las apliquen y acepten pacificamente para su convivencia.
En efecto, las normas pueden ser “papel muerto”, y las instituciones, simples fachadas carentes de significación, cuando las normas solo existen de nombre sin ningún acto que exteriorice su aplicación.
Para que esta aspiración se concrete, es necesario la existencia de un ordenamiento jurídico, orientado con un triple objetivo, esto es: a) guiar su acción y dirigir su ejercicio, marcando el camino hacia determinados fines e intereses sociales; b) controlar su funcionamiento, fiscalizando y monitoreando el desempeño de los funcionarios, con el fin de que se cumplan dichos objetivos e intereses; 3) limitar su ejercicio, para impedir que los distintos órganos de gobierno invadan las competencias de los demás y se apropien de otras funciones del Estado, poniendo en riesgo así a las personas y sus derechos fundamentales.
Para concretar estos objetivos, resulta imprescindible que las normas conformen un sistema: i) claro en sus premisas; ii) conocido por los ciudadanos, a fin de que dichas disposiciones puedan ser incorporadas en las distintas interrelaciones, públicas y privadas, y iii) como resultado del orden establecido, las normas serán aplicadas a todos de forma imparcial, es decir al gobierno, grupos políticos y personas, sin realizar distinción alguna.
Ahora bien, resulta evidente que para que Estado de Derecho logre imperar de manera efectiva en una sociedad, hace falta algo más que la mera existencia de normas e instituciones encargadas de su aplicación. En efecto, las normas pueden ser “papel muerto”, y las instituciones, simples fachadas carentes de significación, cuando las normas solo existen de nombre sin ningún acto que exteriorice su aplicación.
Debemos entonces transitar hacia la institucionalización del ordenamiento jurídico, como un proceso a través del cual el Estado de Derecho alcanza estabilidad y un valor real. Este proceso se produce en la medida en que el Derecho representa intereses generales de la sociedad y no de grupos dominantes. Por lo tanto, las normas y las instituciones judiciales alcanzan un fuerte arraigo y reconocimiento social como camino legítimo para concretar intereses y resolver conflictos colectivos, generándose el consenso y la valoración de las mismas, garantizando así su estabilidad y eficacia.
Si es esta la solución, surge la pregunta obvia ¿por qué impera el Estado de Derecho en algunas sociedades y en otras no? El camino transitado hacia la consolidación de la democracia, donde se respeta los principios básicos que definen al régimen del Estado de Derecho, requiere que las normas sean autorreforzadas por la sociedad, día tras día, es decir, es un trabajo diario, no acabado y perfectible con el pasar del tiempo.
Cuando las personas logran resolver sus problemas de coordinación, pueden actuar de forma conjunta para castigar a los funcionarios o particulares que violan los límites, incluso si alguno de ellos pudiera beneficiarse con tal violación. Por el contrario, cuando la sociedad falla en coordinarse, las violaciones podrán permanecer sin castigo, y convertirse perniciosamente en la regla general.
El Estado de Derecho es reforzado cuando todos los miembros de la sociedad se someten a los compromisos que ellos mismos aceptaron, y cuando las personas tienen alta estima a dichos límites, los consideran valiosos e imprescindibles para la sana convivencia. Incluso, la sociedad, para defenderlos está dispuesta a retirarle el apoyo a cualquiera, sin importar su ideología, posición económica o conveniencia política.
Para que las normas sean efectivas, las personas deben estar interesadas en defenderlas en su práctica diaria. La construcción de un consenso acerca de los límites no requiere que todos los ciudadanos tengan los mismos valores, sino en que éstos acuerden en una serie de estrategias que activen sus acciones coordinadas para los consensos mínimos. Más aún, dado que las personas no comparten visiones similares acerca de los límites, la concertación de un único conjunto de límites ideales resulta improbable. Por lo tanto, la coordinación requiere que las personas realicen un compromiso básico sobre los límites: justicia, Estado de Derecho, respeto a las normas, institucionalización, rechazo a la corrupción; en este contexto, cuando las posturas ideales son relativamente cercanas, los compromisos resultan autorreforzados.
Cuando las personas logran resolver sus problemas de coordinación, pueden actuar de forma conjunta para castigar a los funcionarios o particulares que violan los límites, incluso si alguno de ellos pudiera beneficiarse con tal violación. Por el contrario, cuando la sociedad falla en coordinarse, las violaciones podrán permanecer sin castigo, y convertirse perniciosamente en la regla general. La preferencia por las normas debe traducirse en un conjunto de valores, actitudes y competencias concretas que manifiestan los ciudadanos acerca del orden jurídico. En un sentido estricto, la legalidad es un valor integrante de la cultura democrática constitucional de un país.
El refuerzo por el cumplimiento voluntario de las normas, se verá acrecentado en la medida en que se produzca una sincronización entre las normas, los valores y la cultura de una sociedad comprometida. Cuando las personas se involucrán efectivamente tanto con la democracia, como con el Estado de Derecho, y cuando reconocemos un consenso extendido entre gobernantes y gobernados acerca de las normas; de su legitimidad; de las instituciones encargadas de su aplicación; y tutela efectiva; es posible que el gobierno esté sometido a controles más estrictos en su actuación y esto redundará en una mayor efectividad del Estado de Derecho.