La comunidad internacional evidencia, con una frecuencia cada vez mayor, las grietas de un sistema que el paso del tiempo se ha ido erosionando. En un mundo globalizado e interconectado basta un clic para observar lo que ocurre al otro lado del planeta, y lo que se observa es preocupante. La hostilidad entre Estados crece, y con ella se complican tareas que deberían ser prioritarias, como la prevención de conflictos bélicos y el mantenimiento de la paz.
Un sistema erosionado
El artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas (Naciones Unidas, 1945) consagra el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional como propósito primordial de la organización. No obstante, esta disposición se ha convertido en la práctica, en letra muerta. Aunque el derecho internacional proclama la igualdad soberana de los Estados y el respeto irrestricto a su integridad territorial, la realidad contradice ese principio: las intervenciones de Estados Unidos en Venezuela e Irán y la invasión rusa a Ucrania son apenas los ejemplos visibles de un sistema con serias falencias de aplicabilidad. China, por su parte, recurre a medidas coercitivas sin llegar al conflicto armado abierto para extender sus reclamaciones territoriales en mares adyacentes, mientras países como Myanmar y Sudán padecen cruentas guerras civiles, muchas veces avivadas por injerencias externas. En todos estos escenarios las atrocidades cometidas quedan impunes ante la ausencia de mecanismos disuasorios efectivos: impera el poder militar, convertido en la verdadera moneda de cambio de las relaciones internacionales, mientras los gobiernos aceleran su gasto en defensa.
“El creciente gasto militar no solo refleja que los Estados se preparan ante amenazas reales o percibidas, sino que evidencia una necesidad cada vez más asumida de proyectar poder y demostrar hegemonía a través de la fuerza.”
Las cifras confirman esta tendencia. Según el informe Alerta 2026 de la Escuela de Cultura de Paz, difundido por la Asociación Española de Investigación para la Paz, en 2025 se registraron 40 conflictos armados activos en el mundo, la cifra más alta de la última década (Bermejo, 2026). Datos del Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsala (UCDP) confirman un incremento sostenido de los enfrentamientos armados a escala global (Uppsala University, 2026). En ese contexto, el principio “pacta sunt servanda” (lo pactado debe cumplirse) consagrado en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (Organización de las Naciones Unidas, 1969), pasó de ser un pilar del orden jurídico internacional a una norma que se incumple con frecuencia creciente, incumplimiento que a su vez alimenta nuevos conflictos.
La crisis de la legitimidad internacional
Detrás de estas cifras se esconde un problema estructural más profundo, la asimetría de poder entre los Estados que poseen el derecho al veto dentro del Consejo de Seguridad, muestra que la balanza se inclina hacia un lado en el que un poder desproporcionado genera en la actualidad una crisis sobre la legitimidad de las decisiones internacionales. Conductas que hace veinte años habrían merecido una condena unánime hoy se normalizan sin mayor resistencia. El creciente gasto militar no solo refleja que los Estados se preparan ante amenazas reales o percibidas, sino que evidencia una necesidad cada vez más asumida de proyectar poder y demostrar hegemonía a través de la fuerza.
De ahí surge la pregunta de fondo: ¿cómo es posible que, en un sistema fundado sobre la igualdad soberana de los Estados, la práctica revele una relación de poder marcadamente asimétrica que protege ante todo los intereses de quienes históricamente han ostentado mayor influencia? Aunque numerosos países han logrado, en las últimas décadas, reducir las brechas de capacidad, en la que se ha reducido la distancia entre lo pactado y aquello que pueden cumplir, cuando entran en conflicto se encuentran con una realidad en la que potencias hegemónicas se enfrentan a un sistema deslegitimado e incapaz de actuar con imparcialidad, mostrando con crudeza que el sistema internacional se encuentra en una profunda crisis.
Frente a este diagnóstico, la promoción de la paz no puede seguir dependiendo únicamente de la necesidad coyuntural de las partes. Requiere mecanismos institucionales que orienten la resolución de conflictos hacia una diplomacia multilateral efectiva, en la que el diálogo y no la disuasión militar sea el principal instrumento (International Crisis Group, 2026). El sistema internacional necesita reformas de fondo y de forma que garanticen una aplicación verdaderamente igualitaria de la normativa vigente y doten a los organismos internacionales de capacidad sancionadora real.
En la actualidad, cuando un jefe de Estado enfrenta la violación del derecho internacional público en su territorio, puede acudir por la vía diplomática al Consejo de Seguridad para resolver el conflicto. No obstante, este camino corre el riesgo si la controversia involucra a un país con derecho a veto, la solicitud difícilmente prosperará.
“Debe existir la voluntad política para dar el primer paso hacia un mundo con menos guerras, menos muertes y más cooperación.”
Frente a esta limitación, la resolución 377A (V), conocida como «Uniting for Peace» o «Unión pro Paz», faculta a la Asamblea General para recomendar acciones colectivas que fortalezcan la promoción de la paz cuando el Consejo de Seguridad queda paralizado. No obstante, el procedimiento que exige este mecanismo resulta engorroso y, en numerosas ocasiones, no logra traducirse en resultados efectivos. Dos claros ejemplos son, el conflicto entre Rusia y Ucrania, iniciado en 2022 y aún sin resolución, y el conflicto entre Israel y Palestina, en el que incluso la intervención de la Corte Penal Internacional no ha bastado para detener la crisis.
El camino hacia una paz efectiva
No existe una fórmula única para resolver estas crisis, pero sí resulta indispensable construir puentes de diálogo que eviten que miles de personas inocentes sigan perdiendo la vida. Ese propósito exige un liderazgo propositivo, capaz de fortalecer a los mediadores de paz, dotar a las instituciones internacionales y regionales de mayor poder coercitivo y exigir un cambio radical en el comportamiento de los Estados frente al derecho internacional que se comprometieron a respetar. Solo de esta manera será posible restablecer los principios erosionados por las violaciones sistemáticas al derecho internacional público. Es un camino complejo que deberá recorrerse bajo los preceptos jurídicos que definen al derecho internacional público, pero, ante todo debe existir la voluntad política para dar el primer paso hacia un mundo con menos guerras, menos muertes y más cooperación.
