Yo estaba en Arequipa, Perú, el día en que cayó Dina Boluarte, la séptima mandataria de su país en apenas una década. Típico ecuatoriano, yo esperé ver las calles encendidas, las llantas quemadas, la gente enardecida. Pero nada… Frente a la bella Catedral de Arequipa, poco más de una decena de activistas protestaban con bastante calma. La gente pasaba alrededor, como si nada. Porque nada trascendente, en efecto, parecía haber ocurrido para la mayoría de los peruanos.
A Dina Boluarte la sucedió José Jerí. Su efímero mandato duró cuatro meses: empezó con un escándalo porno y terminó con el Chifagate. Pintoresco nombre para una pintoresca política. Lo que no es pintoresco en Perú es la economía. Mientras Keiko Fujimori acaba de convertirse en la décima jefa de Estado en la última década, Perú acaba de anunciar una ciudad aeropuerto en Callao para 40 millones de pasajeros, uno de los mayores proyectos logísticos de toda América Latina, que se suma al megapuerto de Chancay que ya es el principal hub regional para el mercado asiático.
El secreto del arbitraje
¿Cómo es posible tanto progreso económico en medio de tanta crisis política? La explicación usual es la garantía del contrato-ley en la Constitución peruana, así como estabilidad institucional en el manejo de la macroeconomía, cuyo emblema es Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, que este mes cumple dos décadas en su cargo y acaba de ser ratificado por Keiko Fujimori. Pero otro secreto, menos comentado, es que Perú es uno de los países que más utiliza el arbitraje para resolver sus conflictos.
El arbitraje consiste en que una controversia, en vez de ser resuelta por jueces del Estado, sea resuelta por uno o varios árbitros privados que son elegidos por las partes. Cuando el propio Estado es parte del conflicto, el arbitraje es esencial, sobre todo en países con instituciones frágiles. Un ejemplo futbolístico: si mañana se enfrentan Noruega y Perú en la cancha, nadie admitiría que el árbitro sea noruego o peruano. Debe ser neutral. Al igual, cuando un inversionista extranjero y el Estado tienen una disputa, es sano que decida un tercero neutral: esto es lo que se logra con el arbitraje internacional.
“Perú no solo ha logrado independizar la economía del caos político: también ha logrado independizar la solución de conflictos del caos judicial.”
Por tanto, al volcarse al arbitraje, Perú no solo ha logrado independizar la economía del caos político: también ha logrado independizar la solución de conflictos del caos judicial. El resultado: seguridad jurídica para atraer inversión extranjera con reglas claras y decisiones imparciales.
El arbitraje peruano en cifras
Los números son contundentes. En lo que va del 2026, Perú es el país latinoamericano con mayor número de arbitrajes en el CIADI —el centro de arbitraje internacional del Banco Mundial, donde se resuelven casi el 80% de arbitrajes internacionales de Latinoamérica— y ante dicho centro se someten las disputas del 71% de los contratos de asociaciones público-privadas del país.
Ahora bien, a nivel doméstico, también hay un uso enorme del arbitraje como alternativa a la justicia ordinaria.
El artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado peruana ordena que las controversias por contratos con el sector público se resuelvan siempre en arbitraje como regla general — lo contrario de Ecuador, donde la regla general es ir a la justicia ordinaria. En conflictos de contratistas con el Estado, desde 2014 se han resuelto un promedio de casi 700 arbitrajes anuales, sin contar los que están por resolverse, según el Observatorio Arbitral peruano.
En conflictos entre privados, el arbitraje también es ampliamente preferido. La Cámara de Comercio de Lima ha sustanciado ya 9500 casos en total, principalmente desde la ley arbitral de 1998. Ello sin contar con un amplio uso del arbitraje ad hoc, que lo resuelve un profesional independiente al margen de un centro: en un año se calculaba que representó el 80% de todos los arbitrajes del país. Si es así, estamos hablando de decenas de miles de arbitrajes en Perú desde 1998, una cifra insólita en la región.
Por último, el arbitraje en Perú —como en casi todas partes— es mucho más rápido que la justicia ordinaria. En promedio, un arbitraje peruano se resuelve en 14 meses, tiempo envidiable si se compara con un juicio promedio en Ecuador.
Sin embargo, el arbitraje tiene sus detractores. Algunos políticos han criticado que los gobiernos siempre pierden en los arbitrajes internacionales. Las cifras dicen otra cosa. Perú ha perdido 8 de los 15 arbitrajes resueltos en el CIADI, es decir, alrededor de la mitad. A nivel global, los gobiernos suelen ganar 4 de cada 10 arbitrajes, pero cuando ganan los inversionistas, en promedio reciben solo la cuarta parte de los daños que demandaron. Por tanto, como en todo proceso imparcial, a veces se gana y a veces se pierde. No hay centros “controlados” por inversionistas donde siempre pierda el gobierno.
Lecciones del caso peruano
Lejos de ser un problema para las naciones, el arbitraje ayuda a atraer inversión, sobre todo en países en vías de desarrollo. No es casual que Perú sea el país donde más creció en 2024 la inversión extranjera directa en toda América Latina, superando largamente el promedio regional, según la CEPAL.
“Gracias al arbitraje, entre otros factores, Perú capta diez veces más inversión extranjera con una justicia estatal igual o peor que la nuestra.”
Ecuador, lamentablemente, está en el extremo opuesto. Incluso en 2025, cuando tuvimos un año récord en inversión extranjera ($1299 millones), recibimos apenas la décima parte que Perú ($10353 millones). Y, sin embargo, según el índice World Justice Project Rule of Law, tanto Ecuador como Perú tenemos de los peores sistemas judiciales del mundo. Gracias al arbitraje, entre otros factores, Perú capta diez veces más inversión extranjera con una justicia estatal igual o peor que la nuestra.
El desafío de Ecuador
¿Por qué no aplicar una receta similar en Ecuador? ¿Por qué enfrascarnos en un juicio engorroso que demora años y años, en un sistema judicial colapsado, si podemos lograr soluciones en meses de forma profesional y honesta con el arbitraje?
Si seguimos haciendo lo mismo que hasta ahora, veremos los mismos resultados: uno de los peores índices de inversión extranjera de la región. Es hora de incentivar el arbitraje, como alternativa privada y como política pública, para atraer y proteger la inversión extranjera y local en Ecuador, única fuente para lograr el crecimiento de la economía y el empleo.
Aumentar el arbitraje en el Ecuador sería para la administración de justicia lo que la dolarización ha sido para la macroeconomía: lograr estabilidad y reglas claras al margen del caos estatal. En su época logramos un consenso nacional por la dolarización para superar la crisis monetaria. Es hora de lograr un consenso nacional por el arbitraje para superar la crisis judicial.
Fuentes: ISDS América Latina — Impactos del arbitraje de inversión en América Latina; La República — Perú y su posición regional en los casos ante el CIADI; Observatorio Arbitral — estadísticas, evolución y duración del arbitraje en Perú; Pontificia Universidad Católica del Perú — estudios sobre arbitraje e inversión; Enfoque Derecho — arbitraje de inversión en América Latina durante 2025; UNCTAD — riesgos y tendencias del arbitraje entre inversores y Estados; Freshfields — tendencias recientes de la carga de casos del CIADI; CEPAL — inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe; Punto de Vista – UEES — inversión extranjera directa y desafíos de Ecuador; El Comercio — inversión extranjera directa en Ecuador durante 2025; Banco Mundial — datos de inversión extranjera directa; World Justice Project — Índice de Estado de Derecho 2025, justicia civil en Perú.
