E l control de precios en el mercado del crédito genera racionamiento y distorsiones en la asignación de liquidez. Según el informe del Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2025), la falta de acceso a financiamiento adecuado condiciona la supervivencia y escalabilidad de los emprendedores en Ecuador. Si bien la deuda no constituye la herramienta idónea para financiar las etapas iniciales de un emprendimiento, la inviabilidad de acceder a crédito formal cuando el negocio requiere capital de trabajo desplaza la demanda hacia esquemas no regulados. Quienes recurren a estas estructuras afrontan tasas de interés de entre el 10% y el 25% mensual; según un estudio de Equifax citado por la ASOBANCA, este costo financiero representa una tasa efectiva anual de hasta el 1,200%, exponiendo a los deudores a severos mecanismos de coacción.

Mecanismos de fijación de tasas y desplazamiento de la liquidez informal

El sector financiero opera bajo una lógica de asignación de capital donde el precio del crédito debe ser proporcional a la probabilidad de impago. Otorgar fondos a usuarios sin historial crediticio o con niveles altos de endeudamiento eleva el riesgo de la operación. Esta actividad solo es viable si la tasa de interés permite absorber las pérdidas proyectadas dentro de la cartera global.

La regulación ecuatoriana bloquea este mecanismo. El Banco Central impone techos a las tasas de interés, lo que impide indexar el costo del dinero al riesgo real del solicitante. Ante la imposibilidad de fijar un precio técnico, las instituciones financieras optan por restringir la oferta de capital a los segmentos vulnerables. La rigidez de la norma imposibilita la creación de productos financieros a la medida del microempresario.

“La imposibilidad de acceder a crédito formal desplaza al microempresario hacia el mercado informal.”

Como consecuencia directa de este escenario, detrás de cada caso de usura hay una mezcla de leyes estrictas y falta de herramientas financieras. Cuando nadie enseña a administrar el dinero del día a día ni a medir el impacto de una deuda, es imposible que un usuario sepa si podrá cumplir con los pagos. El problema es que este vacío de conocimiento obliga a muchos a buscar a prestamistas informales, personas que terminan abusando de la urgencia y la necesidad de la gente cobrando tarifas excesivas.

Anatomía de un rechazo crediticio en el sector real

Considere el escenario de una microempresa en consolidación cuya trayectoria refleja alta volatilidad de ingresos debido a la estacionalidad de sus ventas y a la falta de estados financieros auditados. La firma opera de manera activa en el mercado y mantiene cuentas por cobrar validadas a 90 días con clientes corporativos. Para sostener su expansión trimestral y liquidar una orden de compra pendiente de $25,000, solicita un financiamiento para capital de trabajo por $10,000.

Para cualquier institución financiera, la falta de colateral tradicional y la variabilidad del flujo de caja de este perfil representan un riesgo crediticio elevado que exige una prima de cobertura superior al promedio. Bajo criterios técnicos de gestión de riesgo, una entidad viabilizaría el desembolso ajustando la tasa de interés de un 16% a un 25% anual, absorbiendo así la pérdida esperada del segmento mediante precio. Sin embargo, los techos regulatorios vigentes impiden esta tarificación por riesgo. Ante la imposibilidad legal de cobrar la prima necesaria para compensar la incertidumbre operativa, la banca formal rechaza la solicitud, desplazando al microempresario hacia el mercado informal.

El freno burocrático a la innovación financiera

El país experimenta una fricción normativa que matiza los avances de su marco regulatorio. Si bien la Ley Fintech marcó un hito al habilitar figuras institucionales estratégicas como las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPES) para masificar la inclusión transaccional y reducir el uso de efectivo, la regulación secundaria emitida para operativizar los sandboxes regulatorios restringió el alcance de la norma en el frente crediticio. Al imponer criterios de elegibilidad rigurosos, procesos de autorización multietapa y vacíos sobre las pruebas operativas, la normativa convirtió los espacios de experimentación en entornos burocráticos. Esto frena la adopción de analítica avanzada y modelos de scoring alternativo, limitando la capacidad del ecosistema para evaluar perfiles sin historial formal.

El efecto neto de esta sobrerregulación es la expulsión directa del capital de trabajo. Países con políticas de inclusión económica acelerada, como Brasil o México, flexibilizaron las bandas crediticias.

En esos territorios, las plataformas asumen el riesgo de cobrar tarifas iniciales diferenciadas, operando en un entorno de competencia abierta donde la escala operativa y la entrada masiva de actores terminan comprimiendo los márgenes de intermediación a largo plazo.

La experiencia brasileña: libertad tarifaria e infraestructura pública

Si se busca referentes, hay que analizar las causas detrás del explosivo avance de la bancarización en Brasil. De acuerdo con el portal The Global Economy, la tasa de inclusión financiera del país se situaba en un 70.04% en 2017 y ascendió al 83.56% en 2021. Sin embargo, el salto histórico lo confirman los datos recientes del Banco Central de Brasil, que sitúan este cercano al 86%. ¿A qué se debe este crecimiento tan acelerado? El mercado brasileño ejecutó una estrategia coordinada en dos frentes independientes pero complementarios: la libre tarificación y la infraestructura pública.

El primer pilar abordó la inclusión crediticia mediante la flexibilización de bandas y la competencia tarifaria. Esta apertura impulsó la entrada de neobancos que absorbieron el riesgo de segmentos desatendidos al ajustar precios según los perfiles de los usuarios. Al eliminarse las barreras de entrada y permitir que el mercado fijara las primas de riesgo, el acceso crediticio dejó de estar racionado exclusivamente para los balances corporativos de menor volatilidad.

“La inclusión financiera real surge de la multiplicidad de opciones y la reducción de fricciones.”

El segundo pilar resolvió la inclusión transaccional a través de Pix, el sistema público de pagos instantáneos lanzado por el Banco Central en 2020. Pix no operó como un mecanismo de financiamiento, sino como una infraestructura de pagos gratuita, digital y disponible 24/7 que eliminó los costos de transacción y el uso del efectivo. El sistema proveyó la trazabilidad de datos necesaria para que los actores financieros redujeran el costo de evaluación de los usuarios, integrándolos a la economía formal de forma inmediata.

Hacia una tarificación basada en riesgo y dinamismo competitivo

Asumir que el Estado debe actuar como un escudo limitando las opciones de financiamiento ignora la realidad comercial diaria. Un operador de negocios con formación adecuada calcula su rentabilidad frente al costo del pasivo adquirido. Si un proyecto exige liquidez inmediata a una tasa determinada, la decisión de aceptar dichas condiciones pertenece a quien asume el riesgo, no a un ente regulador centralizado. La intervención pública genera valor real cuando provee infraestructura digital, impulsa la alfabetización financiera de los solicitantes y promueve la competencia para reducir los costos de transacción.

La inclusión financiera real surge de la multiplicidad de opciones y la reducción de fricciones. Una regulación prudencial basada en riesgo penaliza las estructuras de crédito costosas mediante la competencia directa, la transparencia de datos y la capacidad analítica de los usuarios. Fijar límites a las tasas sofoca la innovación formal, invisibiliza la analítica de riesgo y consolida la dependencia del financiamiento no regulado, restringiendo la expansión del sector productivo.

Fuentes: ASOBANCA (2023); BCB (2025); BCE (2025); GlobalEconomy.com (2025); UEES/GEM (2025); World Bank (2025).