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AFGANISTÁN: CUANDO SER MUJER ES DELITO

“Half a decade in, the most severe women’s rights crisis in the world is being normalized.”
(UN Women, 2026)

No pueden estudiar, trabajar ni salir libremente a dar un paseo. No pueden hablar en público e incluso hablar entre ellas puede convertirse en una transgresión. Esa es la realidad que viven las mujeres afganas tras la llegada del régimen talibán en agosto del 2021, que les arrebató gran parte de sus derechos, explica De Grado Alonso (2026). Ningún otro país ha desmantelado los derechos de la mitad de su población mediante leyes, políticas y prácticas en la misma medida, según informa la ONU (2026).

Mientras algunas estudiantes encuentran oportunidades fuera del país o mediante educación en línea, dentro de Afganistán el acceso a estudiar sigue dependiendo de restricciones institucionales que no han sido revertidas. ONU Mujeres reportó en 2025 que alrededor del 78

“El 78% de las jóvenes afganas no estudia, no trabaja ni recibe formación, frente al 20% de los hombres jóvenes.”

% de las jóvenes afganas no se encuentran estudiando, trabajando ni recibiendo formación, mientras que, en el caso de los hombres jóvenes, este porcentaje es del 20 %. Por consiguiente, la interrogante no reside únicamente en qué derechos se han perdido, sino también qué sucede cuando perderlos se convierte en la nueva normalidad y qué clase de sociedad se construye cuando una parte de ella ya no puede decidir sobre su propia vida.

Lo que muestran los datos

A partir de un ejercicio realizado en RStudio, se comparó a Afganistán con seis países de su entorno regional utilizando indicadores actualizados del Banco Mundial. El índice Women, Business and the Law (WBL) mide el marco legal que condiciona la vida económica de las mujeres. Analizando los datos del 2025, Afganistán obtiene 5 puntos sobre 100. El contraste es bastante amplio, puesto que Yemen registra 19,1; Irán 26,2; Irak 39,2; Egipto 48,5; Jordania 52,5 y Arabia Saudita 56,2. Estos resultados no significan que exista la igualdad en estos países, puesto que el puntaje que tienen también es bastante preocupante, pero muestran que Afganistán constituye un caso extremo de debilitamiento legal.

Figura 1.
Marco legal para la igualdad económica de las mujeres, 2025.

Fuente: elaboración propia con datos de World Bank, Women, Business and the Law (datos 2025, publicación 2026).

Un fenómeno similar se observa al analizar el ámbito laboral, aunque con matices importantes. Las estimaciones modeladas de la OIT publicadas por el Banco Mundial sitúan la participación laboral femenina de Afganistán en 5,1%, Jordania 16%, Irán 14% e Irak 10,9 %. En el caso de Yemen, este registra 4,7 %, inferior al de Afganistán, esto ocurre en un contexto marcado por la guerra civil que azota al país desde hace unos años. La baja participación laboral femenina es un desafío regional en varios países, pero en Afganistán se combina con prohibiciones explícitas sobre educación, empleo y vida pública.

Figura 2.
Participación laboral femenina, 2025.

Fuente: Elaboración propia con datos del World Bank Gender Data Portal/ILO Modelled Estimates (datos 2025)/OIT junto a la herramienta de RStudio.

El costo de cerrar oportunidades

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2022), el costo económico anual de prohibir el empleo femenino en Afganistán se estima en 1.000 millones de dólares (5% del PIB). A nivel mundial, esta prohibición situó a Afganistán en el último puesto de 181 países en cuanto a la inclusión de las mujeres, según el índice de Mujeres, Paz y Seguridad de la Universidad de Georgetown (GIWPS, 2025/2026).

Pero las consecuencias no son solo económicas. Mohammadi y colaboradores (2024), mediante una encuesta confidencial en línea a 456 mujeres y jóvenes excluidas de escuelas y universidades, encontraron síntomas de depresión en 87,6 % de las participantes y pensamientos suicidas en 49,8 %. Estos porcentajes corresponden a la muestra estudiada y no deben interpretarse como estimaciones de toda la población, pero revelan la profundidad del daño que puede producir la exclusión educativa.

«Prohibir el empleo femenino en Afganistán tiene un costo económico anual estimado de 1.000 millones de dólares, equivalente al 5% del PIB.»

Popalzay (2025) analiza estas restricciones como una forma de “apartheid de género” en la educación, vinculándolas con efectos sobre pobreza, desarrollo y salud mental. El concepto ha ganado fuerza en el debate internacional, aunque su condición como categoría jurídica autónoma todavía es discutida. Bantekas y Karimi (2025), por ejemplo, sostienen que el derecho internacional actual describe con mayor precisión varias de estas prácticas como persecución por motivos de género, continuando el debate sobre una eventual tipificación específica de apartheid de género.

Esta discusión importa porque las instituciones no son una abstracción. Una escuela abierta, una universidad accesible, una norma que permite trabajar, un parlamento donde existan voces femeninas y una organización capaz de defender derechos son mecanismos concretos de autonomía, ya que cuando estos desaparecen al mismo tiempo, el retroceso puede ser sensiblemente más veloz que el avance conseguido durante décadas. Lamentablemente, Afganistán constituye un claro ejemplo de este fenómeno.

Una lección para el entorno global

El caso de Afganistán también nos obliga a evitar explicaciones basadas únicamente en la cultura o en la religión, debido a que la religión nunca será justificación para la opresión de un grupo de personas, mucho menos de la restricción de todos sus derechos y de permitirles tener una vida digna. Los datos comparativos muestran trayectorias diferentes dentro de países con contextos regionales y socialmente diversos, por ejemplo, Arabia Saudita, país que mantiene brechas importantes pero sus indicadores legales y laborales han avanzado en dirección distinta a Afganistán, recordando que las leyes y las instituciones sí modifican las oportunidades disponibles para las mujeres.

Associated Press (2026) informa sobre la apertura de una escuela afgana en Rwanda y el crecimiento de programas de educación digital muestran la capacidad de adaptación de las estudiantes. Sin embargo, estas soluciones no pueden reemplazar el derecho de todas las jóvenes a estudiar en su propio país, teniendo en cuenta que no todas tienen acceso a estas soluciones digitales debido a las limitaciones de su entorno y a sus diversas realidades socioeconómicas.

LOS DERECHOS NO PUEDEN DARSE POR GARANTIZADOS

En la actualidad, muchas personas creen que los derechos ganados no pueden ser arrebatados, pero Afganistán ha demostrado que los derechos conquistados durante décadas pueden sufrir retrocesos profundos de manera repentina. El privilegio no debe nublar la realidad. Mirar a otro lado e ignorar lo que está pasando en Afganistán ya no debe ser una opción. Hoy más que nunca, Afganistán debe ser tema principal en la agenda internacional.

La educación, el empleo, la participación política y la autonomía legal no son dimensiones separadas, se refuerzan entre sí y basta con que una de estas falle para que todas las demás colapsen. Por esta razón, proteger a las mujeres afganas requiere más que observar la crisis desde afuera. Implica sostener oportunidades educativas, apoyar organizaciones lideradas por mujeres y preservar datos que permitan medir el retroceso. Una sociedad no demuestra su progreso por aquello que permite hacer a unos pocos, sino por aquello que garantiza poder hacer a todos. Los derechos humanos pierden su sentido cuando dejan de ser universales y comienzan a depender de quién eres, dónde naciste y, sobre todo, cuál es tu género.

Referencias bibliográficas:

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