El fenómeno de la prolongación de la vida laboral más allá de los 65 años está en aumento a nivel global y plantea interrogantes sobre el significado de la vejez, los límites de la protección social y las verdaderas condiciones de vida de las personas mayores. ¿Se trata de una libre elección motivada por el deseo de mantenerse activo, o es una necesidad impuesta por la precariedad económica? La respuesta es compleja y multifactorial, y no admite una única explicación.

Entre el propósito y la necesidad

Para algunos adultos mayores, seguir trabajando representa una fuente de sentido, identidad y bienestar. El trabajo puede otorgar sensación de utilidad, mantener la integración social y proporcionar satisfacción personal. Sin embargo, para un gran número de personas, continuar en el mercado laboral no es una opción, sino una obligación por la insuficiencia de ingresos económicos y la precariedad del sistema de pensiones. Podríamos considerar que el factor económico es el más determinante para postergar la jubilación más allá de los 65 años. En países donde las pensiones son insuficientes o los sistemas de seguridad social tienen baja cobertura, los adultos mayores se ven forzados a seguir trabajando para sostener su nivel de vida y evitar la dependencia financiera. Esta presión es especialmente fuerte en contextos de alta pobreza, desempleo o desigualdad, y en hogares donde los mayores son el principal sustento.
No obstante, la necesidad no lo explica todo. La decisión de continuar trabajando más allá de los 65 años también está influida por la salud física y mental, la motivación personal y la calidad del empleo disponible. Quienes gozan de buena salud, mayor nivel educativo y empleos flexibles suelen tener un mayor margen para decidir cuándo retirarse. Por el contrario, las enfermedades crónicas, la fatiga y las malas condiciones laborales suelen precipitar la salida prematura del mercado laboral. En definitiva, trabajar después de los 65 años puede ser privilegio para unos y obligación para otros.

La pensión como umbral de retiro

La relación entre pensión y retiro es fundamental. Una pensión suficiente es el umbral que permite jubilarse a tiempo y disfrutar de una vejez digna. Cuando es baja, seguir trabajando después de los 65 años se convierte en una estrategia de supervivencia, no en una elección. Los programas de pensiones no contributivas, dirigidos a quienes no cuentan con un historial suficiente de aportes, han demostrado reducir la necesidad de trabajar en la vejez, mejorar la salud mental y aumentar el bienestar, especialmente en los sectores más vulnerables. Las reformas del sistema de pensiones también influyen de forma decisiva en la edad efectiva de retiro. Medidas como aumentar la edad legal de jubilación, reducir los beneficios por retiro anticipado o incentivar la postergación del retiro tienden a retrasar la salida del mercado laboral. No obstante, la evidencia muestra que su impacto depende tanto del diseño de la reforma como del contexto socioeconómico de cada país.

El caso ecuatoriano: reformas y desafíos

En Ecuador, al igual que en otros países de la región, el sistema permite la afiliación voluntaria sin límite máximo de edad. En teoría, esto permitiría a los adultos mayores seguir aportando después de los 65 años para mejorar su pensión. Sin embargo, en la práctica el incentivo es marginal y revela distorsiones estructurales del sistema. Según los requisitos vigentes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para acceder a la pensión a los 65 años se exigen 15 años de aportación con una tasa de reemplazo del 56%, y a los 70 años, 10 años con una tasa del 50%. Esto implica que quien se afilia por primera vez a los 60 años y se jubila a los 70 con solo 10 años de cotización recibe el 50% de reemplazo, mientras quien ha aportado 40 años, es decir cuatro veces más, recibe el 100%, solo el doble.

«Después de los 65 años, trabajar puede ser una elección para mantenerse activo o una obligación para sobrevivir ante pensiones insuficientes. La diferencia está en contar con seguridad económica para una vejez digna.»

A ello se suman dos problemas estructurales señalados por la Comisión Interdisciplinaria de Reforma al Sistema de Pensiones y recogidos en la obra 25 años de la Idola-rización del economista Alberto Dahik Garzozi (2025). Primero, la pensión se calcula sobre la base de los cinco mejores años de aportación y no sobre el promedio de toda la vida laboral, lo que constituye un claro subsidio e incentiva a que muchas personas se afilien de forma voluntaria para inflar las aportaciones en los últimos años y obtener una jubilación cuyo valor actuarial supera lo efectivamente aportado. Segundo, se aportan doce mensualidades al año, pero se reciben catorce como pensionado, lo que genera una sangría adicional al fondo del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. Por tanto, en Ecuador la afiliación voluntaria después de los 65 años representa más que un mecanismo de último recurso que una vía realista para acceder a una pensión digna, y evidencia la necesidad de una reforma que corrija subsidios y mejore la sostenibilidad del sistema.

Dejando de lado estas distorsiones del esquema vigente, conviene ilustrar la evolución de los afiliados voluntarios de 65 años y más en los últimos años según datos del Registro Estadístico de Empleo y Seguridad Social. En el caso de las mujeres, su participación pasó del 13,3% (22.225) en 2014 al 18,8% (50.120) en 2025. En contraste, en los hombres la proporción descendió del 20,4% (68.018) en 2014 al 13,4% (41.809) en 2025. Esta evolución divergente sugiere que la afiliación tardía no responde a una planificación previsional de largo plazo, sino al aprovechamiento de la regla de los cinco mejores años, que hace rentable afiliarse al final de la vida laboral para obtener una pensión cuyo valor actuarial supera lo aportado.

Hacia una vejez digna y activa

El reto para Ecuador, y para la región, es doble. Por un lado, garantizar que ningún adulto mayor se vea obligado a trabajar por necesidad, asegurando pensiones suficientes y sistemas de protección social sólidos. Por otro, reconocer el derecho de quienes desean seguir activos laboralmente, promoviendo empleos dignos, flexibles y compatibles con la edad. La vejez debe ser una etapa de plenitud, reconocimiento y autonomía, no de precariedad ni de lucha constante por sobrevivir.

“El sistema de pensiones ecuatoriano presenta distorsiones que benefician aportaciones tardías frente a quienes contribuyeron décadas. Reformarlo es clave para garantizar jubilaciones justas y sostenibles.”

Para lograrlo, es imprescindible fortalecer los sistemas de pensiones mediante reformas estructurales que adopten el cálculo sobre el promedio de toda la vida laboral en lugar de los cinco mejores años, además de mejorar la calidad del empleo y reducir las desigualdades sociales. Solo así la jubilación volverá a ser una elección y no una imposición. Las políticas públicas y la sociedad en su conjunto tienen la responsabilidad de garantizar una vejez digna y activa, respetando el deseo y las capacidades de cada persona. El trabajo después de los 65 años no debe ser una condena, sino una posibilidad libremente escogida. El verdadero progreso social se medirá, también, por la capacidad de ofrecer a las personas mayores oportunidades de retiro seguro y satisfactorio.

Referencias bibliográficas:

• Dahik Garzozi, A. (2025). 25 años de la Idola-rización. Universidad Espíritu Santo. https://uees.edu.ec/descargas/libros/2025/veinticinco-anos-de-la-idola-rizacion.pdf.
• Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2025). Registro Estadístico de Empleo y Seguridad Social (REESS 2014-2025). https://www.ecuadorencifras.gob.ec/