En los últimos años, Ecuador ha experimentado una profunda transformación en su perfil de seguridad ciudadana, marcada por una escalada sin precedentes en los niveles de homicidios. El crimen organizado, en sus diversas manifestaciones, ha logrado infiltrarse en el tejido social, reconfigurando no solo las dinámicas delictivas, sino también el miedo y la percepción de inseguridad en la ciudadanía.

Los medios de comunicación reflejan constantemente esta realidad a través de titulares que destacan cifras alarmantes. Sin embargo, es importante señalar una limitación significativa en la manera en que se presenta esta información. Frecuentemente, se resaltan las provincias o cantones con el mayor número absoluto de homicidios, sin considerar que estos datos, por sí solos, no reflejan adecuadamente la magnitud del impacto social. Además, el uso de tasas crudas de mortalidad puede limitar la comparabilidad entre territorios, ya que no considera las diferencias en la estructura demográfica de cada uno.

Para comprender la verdadera magnitud del problema, es fundamental aplicar indicadores epidemiológicos más precisos. Entre ellos, las tasas ajustadas por edad y sexo permiten identificar con mayor claridad qué territorios, independientemente de su tamaño y estructura poblacional, enfrentan un riesgo desproporcionado de muerte por homicidio. Este enfoque metodológico no solo es más riguroso y equitativo, sino que también pone de relieve realidades ocultas, revelando que territorios pequeños pueden presentar un riesgo mucho mayor, a pesar de no concentrar la mayor cantidad de muertes.

En esta nota se presenta un ejemplo ilustrativo basado en los 7.456 casos de muertes violentas por homicidio registrados a nivel nacional en el año 2023 (último año disponible, según el INEC), con el objetivo de estimar tasas de mortalidad ajustadas por edad y sexo. El análisis se centra en 25 cantones y utiliza como población estándar los datos del último censo nacional de 2022. En la figura que acompaña el texto se presentan, por un lado, el porcentaje de defunciones por homicidio respecto al total nacional para cada cantón seleccionado (barras grises) y, por otro lado, la tasa de mortalidad ajustada por cada 100.000 habitantes (cuadrados rojos).

Por ejemplo, el cantón de Guayaquil, que registró más del 30% de las muertes por homicidio del país, presenta una tasa ajustada de 78,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, considerablemente más baja que la de otros cantones. En contraste, Pedernales, con una tasa de 283,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, y Puebloviejo, con 256,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, encabezan la lista de cantones con mayor riesgo de muerte por homicidio, a pesar de que representan menos del 2% del total de casos a nivel nacional.

Distribución porcentual del número de defunciones sobre el total nacional

El uso de tasas ajustadas por edad y sexo no es solamente un ejercicio técnico, sino una herramienta clave para la equidad social y la formulación de políticas públicas eficaces. Este enfoque permite reconocer que ni todos los territorios ni todas las personas enfrentan el mismo riesgo de ser asesinadas, lo que revela desigualdades estructurales que suelen permanecer ocultas cuando se utilizan únicamente cifras brutas o tasas crudas. En lugar de focalizarse exclusivamente en los lugares con mayor número de homicidios, se propone priorizar intervenciones en los cantones con las tasas ajustadas más altas, lo que permitiría atender de forma más precisa las necesidades específicas de cada territorio.

Además, sería recomendable complementar el análisis con otros indicadores, como la tasa de victimización, la percepción de seguridad y factores socioeconómicos, para obtener una visión más integral y contextualizada de la violencia.

Si bien es urgente intervenir en cantones con alta concentración de homicidios como Guayaquil o Durán, no se debe pasar por alto la situación crítica de otros territorios donde, si bien el número de muertes puede parecer menor, el riesgo relativo de la población es mucho más elevado. Es hora de que la discusión pública y las decisiones políticas trasciendan los titulares que se enfocan en dónde hubo más muertes, y comiencen a cuestionarse en qué lugares es más urgente intervenir para abordar las raíces del problema.