Esta nota de opinión se basa en el documento “Social Burden and Economic Cost Estimation of Fatal Injuries in Workers Affiliated to Social Security in Ecuador: a Shared Challenge in Public and Occupational Health”, elaborado por el Observatorio Ecuatoriano de Seguridad y Salud en el Trabajo (OESST) de la Universidad Espíritu Santo.

En Ecuador, solemos hablar de accidentes laborales cuando una noticia trágica llama la atención. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en lo que realmente significan estas muertes: no solo son vidas que se apagan, sino futuros que se pierden, familias que se quedan a la deriva y un país que, silenciosamente, también pierde su rumbo. Un reciente estudio del Observatorio Ecuatoriano de Seguridad y Salud en el Trabajo (OESST) puso cifras a esta realidad: entre 2014 y 2020, más de 1.500 trabajadores fallecieron en actividades relacionadas con su empleo, causando la pérdida de más de 40 mil años de vida laboral potencial. Además, esto representó una caída del -0,045% en el PIB nacional. Son números que, aunque parezcan pequeños en porcentaje, esconden un importante impacto que no debemos despreciar.

Los datos hablan claro. La mayoría de estas muertes afectaron a hombres jóvenes que trabajaban en sectores de alto riesgo como la construcción o el transporte. Pero el hallazgo más inquietante es otro: desde 2016, las muertes durante el trayecto hacia o desde el trabajo han superado a las que ocurren directamente en el lugar de trabajo. Esto nos obliga a ampliar la mirada. La seguridad ocupacional ya no puede limitarse a lo que pasa dentro de una empresa; los desplazamientos hacia el trabajo también son los causantes de muchas muertes.

En términos económicos, las pérdidas por estas muertes superaron los 323 millones de dólares. Más allá del número, esto significa productividad que se esfuma, ideas que nunca se desarrollan y familias que pierden a su principal sustento. Y lo más preocupante es que estas muertes podrían haberse evitado.

Además, hay una cara menos visible: las mujeres. Aunque representan una porción menor en las estadísticas de muertes laborales, la mayoría de sus fallecimientos ocurrió en desplazamientos. Esto habla de una vulnerabilidad distinta, muchas veces ligada al uso del transporte público y a la falta de condiciones seguras para moverse por la ciudad.

El estudio utiliza un indicador poco común pero muy potente: los años de vida laboral potencial perdidos. Este enfoque permite entender mejor lo que está en juego: cada muerte es un plan que no se cumplió, un proyecto profesional que quedó a medias y un país que deja de avanzar un poco más.

Es hora de cambiar el enfoque. No podemos seguir viendo las muertes como cifras aisladas ni aceptar los desplazamientos inseguros como parte del precio de trabajar. Necesitamos transporte más seguro, mejores condiciones laborales y políticas públicas que de verdad protejan la vida, tanto dentro como fuera del trabajo.

El estudio del OESST nos deja una tarea clara: mirar más allá de las cifras y entender que detrás de cada punto decimal del PIB hay una persona, una familia, una historia. Si no actuamos, seguiremos perdiendo mucho, incluso cuando parezca poco.

Lo interesante de este estudio no es solo mostar la magnitud de los datos, sino el enfoque humano que propone. Ponerle nombre y apellido al impacto económico puede parecer una tarea difícil, pero cada punto porcentual del PIB perdido representa familias en duelo, niños sin padre o madre, empresas que pierden talento, y comunidades que se quedan sin líderes. Es una cadena de consecuencias que empieza en un accidente y termina afectando a toda la sociedad.

Además, la desigualdad también está presente en este panorama. No todos los trabajadores tienen las mismas condiciones de protección, ni las mismas probabilidades de volver a casa sanos y salvos. La informalidad laboral, la precariedad del transporte público y la escasa fiscalización en sectores de alto riesgo hacen que algunos perfiles estén más expuestos que otros. Esto exige no solo políticas públicas más inclusivas, sino también una mirada de justicia social en la prevención de riesgos laborales.

También hay un llamado claro a repensar las métricas con las que medimos el desarrollo en materia de seguridad y salud en el trabajo. Durante años, se ha privilegiado el crecimiento económico por encima del bienestar humano. Pero ¿de qué sirve un punto más en el PIB si lo hemos construido sobre la pérdida de vidas que podían haberse evitado? Esta pregunta incómoda debería estar en el centro del debate nacional.

El rol del Estado, del sector empresarial y de la sociedad civil es crucial. No basta con el desarrollo de amplios cuerpos jurídicos, sino con su cumplimiento efectivo. Necesitamos un compromiso colectivo que ponga en primer plano el valor de la vida de la población trabajadora, con inversiones sostenidas, capacitación, infraestructura vial segura y condiciones de trabajo segurdas y saludables para el trabajador. Cada esfuerzo en prevención es una inversión con retorno asegurado.

Finalmente, este estudio nos recuerda que detrás de cada dato hay una historia que merece ser contada. Es hora de que esas historias tengan un lugar en la agenda pública. Porque hablar de prevención de riesgos labarlaes no es solo hablar de normativas, sino de vidas que queremos proteger y de un país que tiene la oportunidad de crecer sin dejar a nadie atrás.

Referencia:

Gómez-García, A. R., Tsao Wu, C. H., Ruiz Barzola, E. N., & Hacay Chang, A. (2025). Social Burden and Economic Cost Estimation of Fatal Injuries in Workers Affiliated to Social Security in Ecuador: a Shared Challenge in Public and Occupational Health. Revista De Investigación E Innovación En Ciencias De La Salud, 7(2). https://doi.org/10.46634/riics.390