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DESAFÍOS Y HERRAMIENTAS PARA UNA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN EL DEPORTE ECUATORIANO

El desarrollo del deporte en lo que se ha constituido actualmente no sólo yace en una construcción lineal positiva, sino que el mismo —a lo largo del tiempo— se ha visto afectado con distintos hitos controversiales que cuestionaron la confianza de cientos de espectadores a nivel mundial y de toda la cadena de valor de la industria. Aquello, debido a que —culturalmente— se concebía a la integridad y transparencia en el deporte como valores inherentes o propios del sector, entendiendo que desde sus organismos, asociaciones, representantes y demás partes intervinientes existe todo un trabajo probo que intenta —por medio de la actuación de sus atletas y más allá del entretenimiento— reflejar un ejemplo de los principios bajo los que toda persona debe orientar su conducta diaria. De este modo, ser testigos del bagaje físico y emocional por el que comúnmente debe atravesar un deportista para rendir a un nivel colosal, considerando —adicionalmente— la operatividad sostenida de todo un equipo de especialistas del sector que les permite a éstos mostrarse en distintas competiciones, probablemente generó que como sociedad se aceptara tácita y categóricamente que el deporte era el ejemplo de integridad en sí mismo. Sin embargo, escándalos como el pago de sobornos multimillonarios en FIFA Gate, el dopaje sistemático ruso con incidencia directa en los Juegos Olímpicos, el programa de dopaje de Lance Armstrong en ciclismo, la manipulación de partidos de la NBA por el árbitro Tim Donaghy, la designación de árbitros por medios ilícitos en el fútbol italiano dentro del caso Calciopoli, así como el arreglo de la final de la Serie Mundial de Béisbol por parte de ocho jugadores de los Chicago White Sox a cambio de dinero proveniente de apuestas ilegales, nos ha impulsado a filtrar esa mirada de absoluta romantización con la que se consumía el deporte; pudiendo ahora advertir que esta industria —como cualquier otra y en la misma medida— está expuesta a riesgos, y que —por tanto— no es ajena a la necesidad de implementar una cultura de la legalidad.

Algunos escenarios a los que se enfrenta el deporte ecuatoriano

Al día de hoy, la industria del deporte a nivel global presenta importantes desafíos a los que debe enfrentarse: modalidades de dopaje indetectables, apuestas ilegales, manipulación de resultados, dopaje tecnológico que podría otorgar ventajas ilegítimas a los deportistas que lo utilicen, riesgos de filtración de datos ante el uso de tecnología avanzada en atletas, falta de transparencia y cumplimiento normativo, casos de discriminación, violencia y falta de seguridad en estadios, y piratería de contenido deportivo.

Más allá del evidente impacto legal, financiero y reputacional al que se deben someter las partes responsables, estos escenarios trastocan negativamente a todo el sector, perdiendo su esencia íntegra y ejemplar de lo que —en algún momento— potencialmente representó. En tal sentido, resulta necesario constituir precedentes con el objeto de que la industria no sólo refuerce los controles debidos, sino que impulse de manera intencional y creativa el cumplimiento voluntario de la norma; teniendo en consideración que este trabajo es de doble vía, mediante la intervención activa de sus espectadores y fanáticos.

Ahora bien, Ecuador no es ajeno a los desafíos expuestos, pues —de hecho— la industria local previamente ha enfrentado casos alarmantes: violencia y discriminación en eventos deportivos, manipulación de resultados por apuestas deportivas, instituciones sobreendeudadas por incumplimientos, casos de dopaje, y piratería en la transmisión de competiciones.

Ante aquello, vale señalar que las federaciones deportivas han adoptado internamente un Código de Ética o Conducta, así como algunas de ellas ya cuentan dentro de su estructura organizacional con un Oficial de Integridad o una Dirección de Integridad y Cumplimiento, acompañado de un Comité de Ética y Disciplina. Circunstancia que ha permitido activar un paso inicial para generar cambios concretos en el deporte ecuatoriano; y, sobre el que —considerando los desafíos actuales e inminentes a nivel nacional— otorgaría mayor peso a esta iniciativa la acción conjunta de todos los organismos e instituciones deportivas nacionales para replicar dicha estructura en su modelo de organización. Particular que debe estar vinculado al conocimiento consciente de que las formas y herramientas que se acogen para prevenir y mitigar riesgos, tienen que garantizar una estricta coherencia con el fondo del problema para lograr atenderlo desde su origen más prístino: la falta de una cultura de la legalidad en el deporte.

Lo expuesto anteriormente, supone que la implementación de formas y herramientas para controlar las probabilidades de que se cumplan potenciales riesgos en el deporte no culmina allí. De hecho, constituye un antídoto con facilidad de sufrir recaídas si no se construye —de manera concomitante— un propósito colectivo que se viva y fomente diariamente en la industria, cuya esencia será el cumplimiento voluntario de la norma por parte de todos sus agentes, y —por supuesto— con participación activa de sus espectadores y/o fanáticos.

El plan piloto

De este modo, la cultura de la legalidad en el deporte requiere un enfoque integral, mismo que puede situar como ecosistema de acción piloto a la estructura de un club o escuela formativa, al entorno del deportista, y a sus aficionados. En otras palabras, sus actores clave de partida son: socios, directiva, personal técnico y auxiliar, atletas, representantes, familiares y fanáticos. Cada uno, dentro de su rol, puede impulsar o participar de proyectos que generen —en su conjunto— un crecimiento en la probidad del club al que pertenecen o en la actividad deportiva que se desempeñan. Estos programas pueden consistir en el desarrollo del pensamiento crítico de sus miembros y adeptos, la práctica de valores éticos y cívicos, la creación y socialización conjunta de políticas de buenas prácticas deportivas, el conocimiento y respeto consciente de la normativa interna y externa, la comunicación efectiva y el trato transparente entre sus miembros, y la promoción y facilitación en la denuncia de prácticas irregulares con garantía de confidencialidad. Para tal efecto, es indispensable que cada rol interviniente se discipline en su compromiso sostenido de trabajar por el bienestar de la institución y del sector que integra; siendo que, al funcionar estos roles de manera interdependiente, una falta de sentido de responsabilidad social de su órgano de gobierno, personal, entorno del deportista o aficionado, representa una exposición inminente a los desafíos descritos, cuya una eventual configuración devendría en un impacto interno con despliegue en toda la  industria; enviando —incluso— un mensaje incorrecto a sus demás integrantes de replicar comportamientos irregulares.

El rol del Estado y la academia

En esa misma línea, se origina la necesidad de que el Estado y la academia puedan ser grandes aliados en la búsqueda de encaminar a clubes, escuelas formativas, entorno del deportista y espectadores de distintas disciplinas, en la implementación de una cultura de la legalidad. Las iniciativas pueden girar en torno a designar y formar líderes de integridad de cada frente, coadyuvar en la creación de códigos de conducta y políticas de cumplimiento o en la aplicación eficiente de los mismos, organizar encuentros de integridad y buenas prácticas deportivas, capacitar en el desarrollo del pensamiento crítico aplicado al cumplimiento de la norma, y gestionar espacios de diálogo con el entorno familiar o cercano de los deportistas para fortalecer valores. Otras actuaciones que se pueden considerar son la instauración de workshops para promover la vigilancia ciudadana mediante un canal de denuncias

confidencial, convocar a espectadores y/o fanáticos de diferentes disciplinas con quienes se compartan espacios dinámicos para desarrollar de manera conjunta un servicio óptimo que estimule la contratación de suscripciones y disminuya el consumo de piratería digital; así como gestionar mecanismos de reconocimiento público y otros incentivos a todos aquellos —dentro del ecosistema de actores clave— que se encuentren incorporando herramientas sostenibles vinculadas a la cultura de la legalidad en la práctica deportiva.

Adicionalmente, es indispensable que Ecuador refuerce las colaboraciones internacionales en materia de integridad deportiva. Se debe considerar la firma y ratificación del Convenio del Consejo de Europa contra la Manipulación de Competiciones Deportivas (Convenio Macolin); unirse a redes globales o regionales de lucha contra la corrupción en el deporte como la IPACS (International Partnership Against Corruption in Sports), y la Alianza Global de Integridad en el Deporte (SIGA, por sus siglas en inglés); sumarse a iniciativas anuales como el Play True Day (Día de Juega Honesto) organizado por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), así como a proyectos de educación continua transnacionales para atletas y personal deportivo como Erasmus+Sport de la Unión Europea, y el Sport Integrity Training and Advanced Education Programme promovido por el Centro Internacional de Seguridad Deportiva (ICSS) y el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación e Investigación (UNITAR). Dentro de este marco, también resulta importante que se invite a iniciativas internacionales como Play the Game del Instituto Danés de Estudios Deportivos (IDAN), a formar parte de eventos locales, debido a que mediante conferencias y distintos proyectos, fomentan el desarrollo de valores democráticos en el deporte como la transparencia, diálogo abierto y libertad de expresión.

Conclusión

Los desafíos ante los que se encuentra incurso el deporte nacional e internacional son notables, y en la medida en que persista apatía en valores y surjan nuevos riesgos producto de la innovación tecnológica, es imprescindible que se eduque en cultura de la legalidad, permitiendo a los integrantes del sector desenvolverse en sus actividades deportivas bajo un ambiente íntegro y seguro para todos. A nivel local, es vital que los actores clave del ecosistema deportivo puedan emprender los proyectos necesarios para impulsar un cambio de paradigma en la forma de relacionarse íntegramente con el deporte. Sin perjuicio de aquello, tales actuaciones se verían reforzadas mediante la oportunidad significativa que tienen la academia y el Estado para enfrentarse a los retos planteados, considerando que en cumplimiento con el Decreto Ejecutivo No. 60 del 24 de julio de 2025, tanto los ministerios de Deporte, como Cultura y Patrimonio, y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se fusionan al Ministerio de Educación; y, por consiguiente, se configura el escenario idóneo para gestionar una política pública integral que fomente la cultura de la legalidad en el deporte.

En definitiva, se trata de marcar hitos importantes en una fase inicial que busca posicionar a la cultura de la legalidad como una brújula en el tratamiento de los riesgos a los que se encuentra expuesta la industria. Recordemos que, ante la situación crítica que vive el país y las controversias que cuestionan la integridad del sector, es nuestro deber proteger al deporte como una de las fuentes que —por los valores significativos que tradicionalmente profesa— puede seguir contribuyendo en la reconstrucción del tejido de nuestra sociedad.