En su tránsito a la pospandemia, América Latina y el Caribe (ALC) ha enfrentado un período marcado por un crecimiento económico moderado y por la persistencia de desafíos estructurales que dificultan la consolidación de mercados laborales más inclusivos y dinámicos. Aunque la región ha demostrado una notable capacidad de resistencia en un entorno internacional complejo —caracterizado por tensiones geopolíticas, fluctuaciones en el comercio mundial y crecientes riesgos asociados al cambio climático—, los avances recientes aún no alcanzan para revertir problemas históricos como la informalidad, las brechas de género y el bajo nivel de productividad, tal como lo muestra el Panorama Laboral 2025 de la OIT.

En 2025, en particular, la región completó su tercer año consecutivo con tasas de crecimiento relativamente estables. El PIB real aumentó un 2,4%, cifra semejante a la de 2024, pero todavía inferior al promedio mundial, estimado en 3,2%. Este comportamiento está influido por una combinación de factores externos favorables y elementos internos que dinamizan parcialmente la actividad económica. Entre los factores internacionales destaca la caída de los precios globales de los alimentos y la energía, además de una depreciación del dólar estadounidense que contribuyó a disminuir las presiones inflacionarias que habían alcanzado niveles significativos en los años anteriores. Desde el ámbito doméstico, el principal motor del crecimiento fue el consumo privado, complementado por una recuperación moderada de la inversión, que sirvió para contrarrestar la desaceleración en el comercio exterior y la reducción del gasto público.

En este contexto, e incluso pese a la incertidumbre internacional que generaron los incrementos arancelarios de Estados Unidos en abril, los bancos centrales los niveles de tasas de interés por encima de los niveles prepandemia. Esta estrategia logró contener la inflación, pero también limitó la capacidad de expansión del crédito y restringió tanto la inversión como el consumo, factores esenciales para fortalecer un crecimiento sostenible y con mayor creación de empleo.

La aparente estabilidad del mercado laboral en la región convive con alta informalidad y profundas brechas territoriales, de género y generacionales

Para 2026, los organismos internacionales anticipan una ligera desaceleración del crecimiento, proyectando un aumento del PIB regional en torno al 2,3%. Esta cifra evidencia que, aunque la región ha logrado amortiguar shocks externos, continúa operando en un escenario de reducido margen fiscal, altos niveles de endeudamiento público y escaso dinamismo productivo.

Mercado laboral: estabilidad aparente y desafíos persistentes

En 2025, los indicadores laborales presentaron un panorama de relativa estabilidad. Durante el primer semestre de este año, la tasa de participación laboral se mantuvo en 63,3%, sin variaciones respecto al año previo, mientras que la tasa de ocupación subió levemente hasta el 59,6%. La tasa de desocupación regional durante registró una caída y alcanzó el 5,8%, su menor valor en varios años, consolidando la recuperación pospandemia.

Sin embargo, esta estabilidad no es homogénea. Las diferencias territoriales siguen siendo significativas: las zonas urbanas han recuperado más rápidamente su nivel de actividad económica, mientras que las áreas rurales mantienen rezagos persistentes. La brecha de participación laboral entre ambas áreas supera los cuatro puntos porcentuales, y la diferencia en ocupación se ha ampliado en los últimos años, pasando de un punto porcentual en 2012 a tres en 2025.

La estructura del empleo también evolucionó de manera desigual. El aumento de la ocupación registrado entre 2024 y 2025 se debe, principalmente, al crecimiento del empleo asalariado en el sector privado y al incremento del trabajo por cuenta propia. Aunque estos cambios apuntan hacia una mayor actividad económica, también reflejan la persistencia de modalidades laborales menos estables. A esto se suman sectores tradicionalmente vulnerables, como el trabajo doméstico remunerado, que continúa contrayéndose y concentrando condiciones laborales precarias.

Uno de los elementos más persistentes del mercado laboral en ALC es la informalidad. A pesar de una leve reducción en 2025 y de una tendencia descendente desde 2021, cerca del 47% de las personas ocupadas trabaja en condiciones informales. La heterogeneidad regional es profunda: mientras Uruguay y Chile presentan niveles inferiores al 30%, países como Bolivia y Perú superan el 70%. Esta divergencia evidencia que no existe una solución única y que las políticas deben adaptarse a realidades productivas, institucionales y sociales distintas.

Brechas de género y edad: avances, pero insuficientes

Las brechas laborales entre hombres y mujeres se han reducido ligeramente, pero siguen siendo significativas. En el primer semestre de 2025, la tasa de participación masculina llegó al 75%, frente a un 53% de las mujeres. La tasa de ocupación se situó en 71% para los hombres y 49% para las mujeres, mientras que la desocupación afectó al 5% y 7% de cada grupo, respectivamente. La mejora en la tasa de ocupación entre 2019 y 2025 fue más marcada en las mujeres (1,4 puntos porcentuales frente a 0,7 en los hombres), lo que representa un avance importante, aunque insuficiente para cerrar la brecha histórica.

Las desigualdades son aún más pronunciadas entre jóvenes y adultos. La tasa de participación juvenil es del 48%, muy por debajo del 67% de los adultos. La informalidad alcanza al 56% de los trabajadores jóvenes, frente a un 42,8% en los adultos. La tasa de desocupación juvenil, de 13%, triplica la de los adultos. A pesar de que el grupo de jóvenes que no estudia ni trabaja se ha reducido desde la pandemia, su dimensión sigue siendo elevada y golpea especialmente a las mujeres jóvenes, fenómeno que se repite en todos los países de la región.

En el plano salarial, se observa un panorama relativamente positivo. Entre el primer semestre de 2024 y el mismo período de 2025, el salario mínimo real aumentó en 11 de los 17 países analizados, lo que señala un fortalecimiento del poder adquisitivo en la mayoría de los casos. Además, los salarios medios por hora también registraron incrementos en siete de los nueve países con datos disponibles.

Aunque estos avances son importantes, su sostenibilidad dependerá de la capacidad de los países para gestionar presiones inflacionarias futuras y promover incrementos de productividad que permitan sostener mejoras reales en los salarios sin generar distorsiones.

Desafíos para 2026: un mercado laboral condicionado por la incertidumbre global

La estabilidad lograda en 2025 es frágil y se proyecta que en 2026 el panorama económico seguirá siendo complejo. El crecimiento de 2,3% previsto para la región contrasta con el 3,1% estimado para la economía mundial. La combinación de tensiones geopolíticas, volatilidad en los mercados internacionales, riesgos climáticos cada vez más frecuentes y un contexto financiero internacional restrictivo limitará la capacidad de los países para impulsar políticas expansivas.

En este escenario, el mercado laboral se verá condicionado por varios factores: políticas monetarias que probablemente seguirán siendo restrictivas, niveles elevados de endeudamiento público y un estancamiento persistente de la productividad. Aunque se espera que la tasa de desocupación de ALC cierre 2025 en torno al 5,5% y se mantenga entre 5,5% y 5,9% en 2026, este resultado refleja estabilidad más que transformación estructural.

El año también estará marcado por cambios en las dinámicas de empleo derivados de la digitalización acelerada y del uso creciente de inteligencia artificial en múltiples sectores productivos. Estas transformaciones abren oportunidades en áreas tecnológicas y de servicios avanzados, pero también representan riesgos para los empleos menos calificados y más rutinarios.

Por otra parte, las representaciones de gobiernos, empleadores y trabajadores de toda ALC firmaron en octubre de 2025 la Declaración de Punta Cana, que subraya la necesidad urgente de avanzar hacia mercados laborales que combinen inclusión social, resiliencia económica y desarrollo productivo sostenible. Para lograrlo, se requiere superar las limitaciones estructurales mediante políticas que impulsen la innovación, eleven la productividad sistémica y promuevan la formalización del empleo.

Las estrategias deberán contemplar apoyos integrales para las empresas —que abarquen acceso a crédito, adopción tecnológica, mejora de prácticas gerenciales y fortalecimiento de capacidades—, junto con reformas institucionales que simplifiquen los procesos de cumplimiento y adecuen la regulación laboral. Un elemento fundamental para avanzar será el diálogo social entre gobiernos, empleadores y trabajadores, tanto a nivel nacional como sectorial, con el fin de impulsar un círculo virtuoso donde la productividad alimente la formalidad y, a su vez, la formalidad contribuya a nuevas mejoras productivas.

La estabilidad alcanzada en 2025 es frágil: la incertidumbre global, la baja productividad y las transformaciones tecnológicas condicionarán el mercado laboral de la región en 2026

Asimismo, el fortalecimiento de las políticas de formación profesional, sistemas de cuidados, mecanismos de transición escuela-trabajo y mejoras institucionales será determinante para acelerar la reducción de la informalidad y promover empleos de mayor calidad en una era de transformación digital y cambios demográficos acelerados.

Finalmente, 2026 se perfila como un año de estabilidad relativa pero con importantes desafíos para el empleo en América Latina y el Caribe. La capacidad de los países para implementar políticas coordinadas, integrales y sostenibles será decisiva para transformar la recuperación reciente en un proceso más inclusivo, con mayor productividad y con oportunidades de trabajo decente para toda la población.