En Ecuador, más de la mitad de la población trabajadora carece de protección y cobertura de seguridad social. Para millones de personas, esto significa desempeñar extensas jornadas bajo el sol en actividades agrícolas, de construcción o en labores informales de calle, expuestos a temperaturas cada vez más extremas debido al cambio climático. La evidencia científica muestra que la variación en la temperatura media del país aumentó en 1,4 °C en 2024 respecto a 2011 (21,5 °C), y las proyecciones advierten un incremento de hasta 3 °C hacia finales del siglo. Este escenario convierte a la región andina, amazónica y costera en zonas de riesgo creciente para la salud y la productividad.
A pesar de esta amenaza, el Decreto Ejecutivo No. 255 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado en 2024, dejó fuera de su alcance a los trabajadores informales. En nuestro país, más del 52% de la fuerza laboral quedó excluida de la normativa que debería proteger su bienestar. El dato es aún más alarmante si se observa la distribución territorial: en la Amazonía, la informalidad supera el 80%, y en provincias como Napo, Bolívar o Esmeraldas los porcentajes rondan entre 64% y 86%. Estos trabajadores, además de estar fuera de la seguridad social, están entre los más expuestos a los efectos del calor extremo.
Aunque el cambio climático es reconocido como un riesgo, las políticas públicas en Ecuador aún no abordan eficazmente los desafíos que enfrenta la población laboral
La omisión legal no es un hecho aislado, sino la expresión de una discriminación estructural que reproduce desigualdades históricas en la protección de la salud laboral en nuestro país. Quienes trabajan en condiciones de informalidad no solo carecen de contratos y seguridad social, sino que también enfrentan los riesgos más altos de enfermedad vinculada al estrés térmico, deterioro físico por esfuerzo muscular intenso y, en muchos casos, exclusión social. Los adultos mayores, los pueblos indígenas y los trabajadores rurales serán los grupos más afectados. El círculo de precariedad es evidente: sin protección, estos trabajadores enferman más, producen menos y tienen menos oportunidades de escapar de la pobreza. Las proyecciones muestran que alrededor del 15% de los trabajadores expuestos con frecuencia al calor extremo desarrollan enfermedades renales o lesiones graves asociadas al estrés térmico.
El problema trasciende la salud individual. El estrés térmico reduce de forma notable la productividad. En el sector agrícola, se calcula una disminución del 5% en la producción por cada grado adicional en la temperatura húmeda de bulbo húmedo (WBGT) por encima de los 26°C. En construcción, cerca del 30% de los trabajadores reporta pérdida de productividad a causa del calor. A nivel global, se estima que los costos del tiempo laboral perdido por calor extremo pasaron de 280 mil millones de dólares en 1995 a un rango proyectado de 2,4 a 2,5 billones de dólares para 2030. Si las temperaturas siguen aumentando, el costo podría representar hasta el 4% del PIB mundial en 2100. Para un país como Ecuador, cuya economía depende en gran medida de la agricultura y la construcción, el impacto sería devastador.
Reconocer el cambio climático como un riesgo es apenas el primer paso. La formulación de políticas públicas en Ecuador aún muestra serias debilidades. El nuevo reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo no incluye medidas específicas de adaptación al cambio climático ni criterios claros para regular la exposición de los trabajadores al calor. Tampoco contempla acciones diferenciales para mayores de 55 años, quienes son especialmente vulnerables a los efectos térmicos. El sistema de inspección laboral también presenta falencias. Las provincias amazónicas, donde la informalidad es más alta, tienen menos inspectores, lo que dificulta garantizar condiciones mínimas de seguridad y salud. Esta desigual distribución de la supervisión acentúa los riesgos laborales y amplía las brechas de inequidad.
El cambio climático ya no es un problema del futuro. Las políticas actuales no están a la altura de este desafío. La verdadera prueba de un país frente al cambio climático no está en sus discursos, sino en su capacidad real de proteger a quienes trabajan en las condiciones más frágiles. Y esa capacidad se medirá, sobre todo, en la respuesta hacia los trabajadores informales, invisibles para la ley, pero esenciales para la economía.
Para profundizar en la evidencia científica que sustenta esta reflexión, puede consultarse el artículo: “Social inequities, climate change, and informal employment in Ecuador: a forthcoming challenge for occupational safety and health policies” publicado en Journal of Public Health Policy (United Kingdom) [1].
Referencias
[1] Gómez-García, A. R., Cevallos Paz, A. L., & Gutiérrez-Alvarez, R. (2025). Social inequities, climate change, and informal employment in Ecuador: a forthcoming challenge for occupational safety and health policies. Journal of public health policy, 10.1057/s41271-025-00597-3. Advance online publication. https://doi.org/10.1057/s41271-025-00597-3
