i. INTRODUCCIÓN:

Defendido erróneamente como “derecho adquirido” durante décadas, el subsidio al diésel establecido en 1974 finalmente fue eliminado: El precio del diésel sube en $1, lo que se traduce a más de mil millones de dólares de ahorro anual y por ende una redistribución, más justa, de ese dinero hacia otras causas. El dinero ahorrado será dirigido, entre otras cosas, a 50 mil nuevas familias que recibirán el bono de Desarrollo Humano, más de 115 mil adultos mayores recibirán directamente devolución del IVA, se creará el “Bono Raíces” para ayudar con capital semilla a pequeños productores, más de 23 mil choferes bajo modalidad de transporte de pasajes recibirán un bono de entre $400 y $1000 como compensación durante 8 meses, y más.

Frente a esta noticia, el director de nuestra revista Punto de Vista, el economista Alberto Dahik, asistió el 15 de septiembre de forma virtual a Radio Centro en la sección “Punto de Orden”. Personalmente, el economista Dahik defiende que la eliminación del subsidio al diésel no sólo constituye una necesidad económica, sino un acto de justicia social, pues los recursos utilizados durante décadas para este subsidio, hubiesen tenido un mejor y más justo uso si se hubiesen dirigido hacia salud, educación y vivienda.

Eliminar el subsidio al diésel no solo es una necesidad económica, sino un acto de justicia social: durante décadas, más de 80 mil millones de dólares se destinaron al despilfarro, la deuda y los más ricos, en lugar de salud, educación y vivienda para los más pobres

Ii. LO ECONÓMICAMENTE NECESARIO, Y MORALMENTE CORRECTO.

Alberto Dahik, destacó una cifra totalmente demoledora: “Si uno observa desde el año 1974 en que se impuso este subsidio, hasta la fecha de hoy, y se trae a valor presente lo que se ha entregado, esto totaliza más de 80 mil millones de dólares. Esa cifra es mayor que toda la deuda pública del Ecuador”. Con ese monto el déficit de vivienda se hubiese podido resolver totalmente, con menos de la mitad del dinero destinado a estos subsidios. No existiría familia ecuatoriana en las calles si se hubiese decidido hace décadas utilizar tan solo la mitad de recursos que se han malgastado hasta la fecha en este subsidio. Irónicamente, la decisión tomada por el gobierno ocasiona manifestaciones a nivel nacional

de aquellos quienes defienden el despilfarro de este dinero, dinero que se destinó a contrabandistas, a clases altas, a empresas ineficientes, a minería ilegal, pero no se detienen ni por un segundo a analizar la injusticia social que se le ha hecho al pueblo, en nombre de “la justicia” y en nombre del propio pueblo, al mantener este subsidio tanto tiempo.

“¿Cómo una sociedad puede organizarse de tal manera, para entregar un valor tan gigantesco…no a los pobres…sino a los que más tienen, a aquellos dueños de vehículos de combustible subsidiado?” se cuestiona justificadamente Dahik. Y aún peor, no solo malgastamos el dinero por tanto tiempo, sino que malgastamos dinero que no teníamos. Nos endeudamos enormemente y no para dirigir recursos a hospitales, educación, y mejorar la calidad de vida de los más necesitados, sino para que el diésel y el gas sean baratos y alimentar un sistema que beneficia el contrabando en las fronteras.

El director del programa, Juan Xavier Benedetti, mencionó respecto a esto que el 83% de la deuda que contrajo el Ecuador entre el 2013 y 2023 fue hacia este subsidio “insólito”. Este comentario generado por Benedetti en la red social X es respaldado por información del Banco Central del Ecuador. Sin embargo, hay quienes argumentan que este dato es “erróneo” pues la Constitución prohíbe destinar deuda a gasto corriente. Para quienes sostienen esta última idea, el economista Dahik expuso un ejemplo claro: “Vamos suponer que entre ustedes (dirigiéndose al resto de panelistas en el programa) hacen una sopa, y cada uno pone un litro de agua. Hay un reglamento que dice, que el agua que pone uno, solo puede ser tomada por quien la colocó. ¿Cómo separa usted el agua que colocó uno de aquella que colocó el otro?. Similarmente, cuando el dinero ingresa al presupuesto, forma parte de una olla común. Lo que cuenta no es lo que dice nuestra “perversa” Constitución, culpable de muchos de nuestros males, lo que cuenta realmente es que el valor que el país le ha entregado a este subsidio supera al valor de la deuda por lo cual la deuda de una forma u otra ha sido utilizada para este subsidio. Dahik lo explica sencillamente, si no hubiese existido este subsidio hubiesen ocurrido dos posibles escenarios:

1. La deuda no hubiese existido, pues no hubiese sido necesaria porque no existiría ese hueco fiscal que ocasiona el subsidio.
2. Se habría utilizado ese dinero para servir a quienes realmente lo necesitan: los pobres.

III.  LA TAREA PENDIENTE

El subsidio total a los combustibles superaba los 3 mil millones de dólares anuales. De estos miles de millones ya se eliminó el subsidio a la gasolina pero el del diésel está “parcialmente eliminado” a pesar de la decisión tomada por el gobierno recientemente. Actualmente, el subsidio alcanzaba un total de $1,800 millones, pero en el comunicado por parte de los miembros del gabinete se mencionan solo $1,100 millones. Esto se debe a un subsidio “disimulado”: Petroecuador entrega crudo a la refinería no a su valor real, sino a su costo de producción.

La eliminación parcial del subsidio al diésel en Ecuador es un paso hacia una distribución más justa de los recursos y la eficiencia económica.

En la práctica, esto significa que continúa existiendo un subsidio entre Petroecuador y la refinería, pues se está “dejando de ganar” explicó Dahik. Por esta razón países vecinos como Colombia y Perú cuentan con un precio del diésel superior a los $2,8 que tiene el Ecuador desde la vigencia de esta medida, lo que mantiene, aunque en menor proporción, un incentivo para el contrabando. Estamos en la dirección correcta, pero tenemos que seguir caminando en ella.

En lo que respecta al “balance petrolero”, Dahik señaló que el consumo ha aumentado precisamente por el subsidio que actúa como un estímulo al consumo, sin embargo, la producción no ha crecido. En parte, no crece porque Petroecuador no ha contado con los recursos, tanto por el mismo subsidio como por la crisis fiscal que enfrenta un Estado sobredimensionado y la facultad que tiene en forma perversa el Ministerio de Finanzas que puede disponer de los recursos de otras entidades del Estado. Además, la imposibilidad de que exista inversión privada, en la mayoría de casos, en sectores estratégicos. Irónicamente, estas últimas razones son de la autoría de un ex-jefe del Estado que hoy critica la decisión tomada.

IV. ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS DE COMPENSACIÓN Y EL MITO DEL IMPACTO INFLACIONARIO.

El economista fue enfático: el único sector realmente afectado sería el transporte público de los ciudadanos. Esto sí le “pega al pobre” y allí deben concentrarse los apoyos estatales. En este caso, el subsidio se justifica, pues si compensa una afectación directa a quienes utilizan transporte público, que no son los ricos. Las otras medidas de compensación anunciadas por el gobierno, deberían ser temporales, pues nada más dañino para una economía que enviar señales equivocadas: un precio distorsionado por un subsidio es un precio irreal.

Por ejemplo, el sector pesquero sufrirá con este cambio de precios del diesel, pero por tanto tiempo no se han preocupado por invertir en motores modernos que utilicen menos combustible. Durante décadas, han tenido dentro de sus costos un insumo con un precio totalmente irreal. Sectores como este en el Ecuador se han equipado con equipos ineficientes y se han construido sobre una base irreal que hoy resulta insostenible y debe cambiar.

Por último, en cuanto a la preocupación ciudadana por los precios del consumidor al analizar al transporte pesado como parte de la cadena de valor, las cifras históricas nos demuestran que no existe impacto significativo de los precios de los combustibles a los precios del consumidor. Si se analiza el índice de precios del consumidor en conjunto con los cambios en los precios de los combustibles se observa algo interesante: Cuando en el gobierno de Moreno subían mensualmente los combustibles hubieron incluso casos de deflación.

El economista compartió un ejemplo hipotético pero que ilustra la absurdez de creer que los consumidores tendremos una afectación directa en los precios: “Un camión lleva 500 quintales, si de los 50 galones que utiliza en su viaje entre Guayaquil y Quito, sube $1 el galón como ahora lo hará, son 50 dólares más por viaje, dividido para los 500 quintales, son 10 centavos por quintal”. Cuantitativamente el impacto es mínimo, sin embargo, hay quienes hablan de especulación. Si aquellos que especulan tienen realmente ese poder en el mercado de controlar los precios, lo podrían hacer siempre. Los transportistas no son un monopolio y por ende no tienen ese poder de mercado. En teoría se puede creer una cosa, pero la evidencia empírica, las cifras, nos demuestra que no hay tal subida de los precios.

Link del programa Radio Centro – Punto de Orden
15-09-2025: https://www.youtube.com/live/QQOQsVipKNE