Una declaración que no fue casual
Producida la independencia de Guayaquil el 9 de Octubre de 1820, José Joaquín de Olmedo, Jefe Político provisional, convocó inmediatamente a elecciones de diputados o representantes con el fin de instalar un Colegio Electoral (Asamblea Legislativa) y una Junta de Gobierno (Ejecutivo) para que rijan de forma definitiva el destino de la provincia libre de Guayaquil.
Una vez verificada la elección de Diputados, representantes de los pueblos que hoy son parte de las provincias de Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos y El Oro, se instaló el colegio libre electoral de Guayaquil el 10 de noviembre de 1820, el cual nombró a Olmedo como presidente. Luego de esto, conformó la Junta de Gobierno y designó a sus autoridades.
Al día siguiente, el 11 de Noviembre de 1820, el Colegio Electoral dictó el Reglamento Provisorio de Gobierno, que a decir de Camilo Destruge, “podemos considerar como nuestra primera Carta Política o Ley Fundamental”.
En este Reglamento llama la atención su artículo 3, que dice: “Art. 3º. El comercio será libre, por mar y tierra, con todos los pueblos que no se opongan a la forma libre de nuestro gobierno.”
En medio de las agitaciones políticas y militares de esta época independentista, es curioso que el pueblo de Guayaquil se haya preocupado de dejar en claro que la nueva provincia quiso consagrar desde el inicio un principio claramente asociado con las ideas económicas liberales de la época: la libertad de comercio, cuando la Corona Española y sus colonias habían seguido más bien una política mercantilista, al que se oponían frente a las nuevas ideas de libertad económica difundidas por los fisiócratas franceses y, posteriormente, por Adam Smith.
¿Por qué era tan importante definir desde el inicio el tipo de comercio que Guayaquil libre quería?
El cacao y las barreras del comercio colonial
La razón principal la encontramos en las enormes dificultades que vivió la ciudad durante los siglos 17 y 18 para comerciar sus productos, de los cuales destacaba el cacao por su importante volumen.
La ciudad había venido exportando cacao en forma regular desde los años 1600s, sorteando una serie de dificultades y regulaciones de España. Sin embargo, a partir de las últimas décadas del siglo XVIII se inició una notable expansión cacaotera, que Michael Hamerly extiende hasta 1842. La demanda por cacao tanto en América como en España y Europa, empujaban la siembra del cacao en Venezuela y en Guayaquil.
En Venezuela, principal competidor del cacao guayaquileño, funcionó entre 1728 y 1785 la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, que disfrutó de amplios privilegios sobre el comercio del cacao venezolano con España. El sistema mercantil español y las restricciones al comercio entre colonias favorecieron durante largos períodos los circuitos establecidos y dificultaron la entrada del cacao de Guayaquil a determinados mercados.
“El comercio será libre, por mar y tierra, con todos los pueblos que no se opongan a la forma libre de nuestro gobierno.”
Por ello, para Guayaquil, el gran cliente de nuestro cacao era Nueva España (México), a través del puerto de Acapulco, favorecido por la caída de la producción cacaotera centroamericana. Pero una serie de limitaciones al comercio entre estos dos puertos, marcó toda esta época. En algún momento la Corona prohibió la navegación entre Perú y Nueva España, lo que ocasionaba que los comerciantes guayaquileños tuvieran que dedicarle mucho tiempo y dinero a abrir ventanas para exportación de su producto.
Por ejemplo, los exportadores guayaquileños a través de reclamos y gestiones legales, y algunas veces utilizando al Virrey de Nueva Granada, conseguían llegar a Acapulco, mediante cuotas autorizadas. Otras veces el mismo Cabildo de Guayaquil solicitaba y gestionaba licencias temporales de exportación, porque el cacao era vital para la economía del puerto. Junto con el astillero eran las dos actividades económicas preponderantes.
Como es de suponer, en otros casos se recurrió al contrabando y a circuitos indirectos a través de Nueva Granada y otros puertos americanos, encareciendo y dificultando la colocación del producto.
La forma como España regulaba a sus colonias era la de asignar cuotas, rutas y mercados, así como establecer impuestos y derechos de aduana. En el caso del cacao, privilegiaba al cacao venezolano para llegar a España y Nueva España, y por eso las prohibiciones y otras barreras. Sin embargo, el cacao guayaquileño era más barato por ser de menos calidad, pero el precio era atractivo para los importadores de Nueva España (México).
Lima, Callao y el peso de los impuestos
A estas restricciones se añadían los intereses comerciales y fiscales del Virreinato del Perú, particularmente los vinculados al Callao y a las casas comerciales limeñas. Perú tenía toda una infraestructura que daba servicios en torno a las actividades del puerto, incluyendo por supuesto una importante flota de barcos mercantes, que no los tenía Guayaquil.
«El cacao guayaquileño enfrentó restricciones, impuestos y barreras que dificultaron su comercialización.»
En algunas ocasiones para proteger esos intereses, se permitían no acatar las disposiciones de la Corona cuando eran favorables al cacao de Guayaquil. Guillermo Arosemena cuenta que, en 1799 se extendió a Guayaquil el beneficio de reducción del 25% de los derechos que se cobraban en las aduanas por entradas o salidas en Nueva España, que había dispuesto la Corona 3 años antes. Sin embargo, el Administrador de Aduanas de Lima, argumentó que este beneficio era entre dos Virreinatos y no con una ciudad. Años más tarde, el mismo Virrey del Perú derogó este beneficio para nosotros, porque significaba una afectación a los ingresos del puerto. En las Cortes de Cádiz en 1812, y luego en 1819 Olmedo hizo una denuncia y defensa de nuestros derechos. Varios episodios como éstos son mencionados por varios historiadores del período.
Un aspecto fundamental que complicaba el comercio, eran los impuestos y derechos de aduana ad valorem. Una parte importante del comercio quedó sometida a circuitos controlados desde el Perú y a una compleja acumulación de derechos aduaneros y consulares. En realidad, era algo más complejo que eso. Hamerly en su obra, detalla con precisión estos tributos, que se muestran resumidos en el Anexo 1.
El cacao de Guayaquil al salir de nuestro puerto debía pagar derechos aduaneros por almojarifazgo (mercancías importadas o exportadas), almirantazgo (derecho de navegación marítima) y nuevo derecho de aduana (gravamen adicional). A estos impuestos se agregaban derechos consulares y contribuciones de distinta índole: avería, corsarios, subvenciones de guerra, entre otros. Hamerly señala que en 1820 el cacao soportaba un recargo de 0,125 puntos porcentuales respecto de otros productos americanos y españoles.
Y cuando el producto llegaba al puerto de Acapulco, también pagaba derechos de importación, alcabalas y contribuciones especiales.
Manuel Chiriboga en su libro señala que “en total los impuestos al cacao sumaban más del 25 por ciento de su valor declarado. Esto era indudablemente resultado del gran poder de las casas comerciales limeñas y su influencia sobre la burocracia colonial”. Seguramente esta cifra no corresponde únicamente al derecho pagado al salir de Guayaquil, sino al conjunto de gravámenes que podían acumularse a lo largo del circuito comercial.
Los comerciantes guayaquileños, y sobre todo el Cabildo, se dedicaron durante muchos años a defender nuestro derecho a comerciar libremente el cacao. Incluso hasta el mismo año de la independencia, los comerciantes le pidieron al gobernador que convenciera a la Corona para eliminar todos los tributos relativos al cacao y conceder libertad para el comercio con otras naciones.
Un negocio que crecía pese a las restricciones
Estas gestiones tuvieron muy buenos resultados. Las exportaciones, principalmente a Nueva España, crecieron en el período citado, llegando a montos importantes en los años previos a la independencia de Guayaquil.
En el siguiente cuadro, cuyas cifras son tomadas de la obra de Hamerly, se muestran estos importantes crecimientos:

Para el período 1779-1788, se registra una cifra anual aproximada de 46.98 mil quintales, que van creciendo entre 50 y 64 mil quintales. En 1801 se produce un salto considerable hasta alcanzar 78,151 mil quintales, el que se mantiene en el período 1809-1819 con una exportación anual estimada de 81 mil quintales, y alcanzando el nivel más alto en 1820 se registra aproximadamente 105 mil quintales. Tomando como referencia la cifra correspondiente al período 1779-1788 y comparándola con 1820, el aumento es de aproximadamente 124%.
De la libertad comercial a la libertad política
Para diversos historiadores, este largo conflicto comercial y fiscal constituye una de las claves para comprender el apoyo de importantes sectores productores y comerciantes de Guayaquil a la independencia.
La ruptura política ofrecía también la posibilidad de conquistar una libertad económica largamente reclamada. Desde esta perspectiva adquiere especial significado que, apenas un mes después del 9 de Octubre, el artículo 3 del Reglamento Provisorio consagrara expresamente la libertad de comercio.
No pueden ser más claras las palabras de Hamerly al respecto: “Cansados de los impuestos elevados, frustrados por la restricción de Lima en lo concerniente a las exportaciones a España, impacientes por las resoluciones burocráticas, que, aunque frecuentemente favorables, quedaban burladas por el consabido “obedezco pero no cumplo” del virrey, y empujados por 10 años de crisis, los costeños declararon la independencia el 9 de Octubre de 1820”.
La libertad de comercio no explica por sí sola la independencia de Guayaquil, pero ayuda a comprender una dimensión esencial del 9 de Octubre. Para una provincia cuya prosperidad dependía cada vez más del cacao y de su inserción en los mercados internacionales, la libertad política y la libertad económica terminaron formando parte de un mismo horizonte.
Anexo 1
Cuadro sinóptico: impuestos sobre la exportación de cacao de Guayaquil

Fuentes: Hamerly (1987); Chiriboga (1980); Destruge (1982); Arosemena (1992, 1995).
