Ecuador se encuentra orgánicamente dividido en cinco funciones del Estado: legislativo, ejecutivo, transparencia y control social, electoral y judicial.
El presente artículo se centrará en analizar la actualidad y expectativa ciudadana sobre la función judicial. Para ello recordemos que, la Constitución establece que esta función “se compone de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos.”
En este sentido, la misma Constitución define cuáles son los órganos jurisdiccionales de justicia ordinaria, teniendo entre estos la Corte Nacional de Justicia, Cortes Provinciales, Tribunales, Unidades Judiciales y, juzgados de paz. Asimismo, órganos auxiliares como el servicio notarial, martilladores judiciales, depositarios judiciales; mientras que, como órganos autónomos, la Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado, todos ellos supeditados al Consejo de la Judicatura como ente administrativo regulador, definido como “el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.”
Este órgano de control -Consejo de la Judicatura- se encuentra integrado por 5 delegados designados a partir de ternas remitidas por la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia -cuyo delegado asume la presidencia del Consejo-, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, la Función Ejecutiva y la Asamblea Nacional.
Se espera que 2026 sea decisivo para consolidar la justicia en Ecuador. Garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, la imparcialidad, eficacia y celeridad procesal es fundamental para mantener la justicia como pilar de
la democracia
Ahora bien, la ciudadanía ha sido testigo que durante el periodo 2019 al 2025, el Consejo de la Judicatura sufrió una marcada inestabilidad, derivada de renuncias, destituciones, afectándose así la administración de justicia. Esta afectación consta en informe con data, que hiciera público la institución en el mes de junio de 2025, anunciando la imperiosa necesidad de atender temas urgentes como:
Falta de jueces en las judicaturas: El informe indica que, existe un déficit de jueces a nivel nacional, lo cual, afecta directamente la capacidad del sistema judicial para sobrellevar la carga procesal. Escalando esta problemática, a la Corte Nacional de Justicia, misma que actualmente se encuentra incompleta en su conformación, teniendo la participación temporal de conjueces para la continuidad de la labor institucional.
Infraestructura, tecnología y evaluación: Resume el informe antes referido que, se requiere ejecutar proyectos de modernización, contratar personal para mantener operativas las instalaciones existentes. Atender el deterioro tecnológico dado que los servidores informáticos han caducado, los equipos de redes están descontinuados. Todo lo cual, compromete la estabilidad de sistemas esenciales como el SATJE, las notificaciones electrónicas y los módulos de gestión procesal.
A ello, se suma la pendiente evaluación de desempeño y de productividad de los servidores de la Función Judicial.
Implementación de juzgados constitucionales: Con la finalidad de cumplir el mandato de crear dependencias especializadas en justicia constitucional, derivado de la Consulta Popular del 21 de abril del 2024, el Consejo de la Judicatura expidió la Resolución 006-2025 diseñando en ella, un modelo distrital para estas nuevas sedes judiciales.
No obstante, esta resolución fue declarada inconstitucional el 26 de mayo de 2025 por la Corte Constitucional, al considerar que el modelo propuesto genera barreras para el acceso efectivo a la justicia, restringiendo la tutela de los derechos constitucionales. En consecuencia, se encuentra en mora esta obligación.
Sin perjuicio a todo el diagnostico anterior, empiezan a darse hechos que generan expectativas de mejoras. En el mes de septiembre del 2025, la Asamblea Nacional posesionó a los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura, con lo cual, al momento se encuentra la institución con una conformación completa y titular para afrontar la ardua y compleja tarea.
Luego de su posesión y ya casi cumpliéndose el primer trimestre del nuevo Pleno del Consejo de la Judicatura, han emitido varias resoluciones, destacándose desde ya, la implementación de un sistema automatizados de sorteos y seguimientos procesos disciplinarios; la creación de dependencias especializadas en justicia constitucional; y, la expedición de descriptivos y perfiles de jueces especializados de estas nuevas sedes judiciales.
En esta línea de observancia, esperamos confiados en que este 2026 sea un año decisivo para consolidar la justicia. Ello, resulta indispensable para garantizar que cada persona pueda ejercer de manera real y efectiva su derecho a la tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 75 de la Constitución, que reconoce el acceso gratuito a la justicia en sujeción a principios de imparcialidad, eficacia y celeridad procesal; pero, sobre todo, para que la justicia continúe siendo ese pilar fundamental sobre la cual reposa la democracia.
